Las autoridades Luxemburguesas bloquean 900.000 euros en dos cuentas del banco Crédit Agricole pertenecientes al socio de Urdangarin, Diego Torres, y a su mujer Ana María Tejeiro. Dichos fondos ocultos representan la punta del iceberg de la supuesta evasión millonaria de la trama Nóos, que se valía de empresas huecas con sede en Londres, Belice y Panamá para desviar parte de los ingresos del Instituto Nóos, publica el diario ‘El País’.
El juez Castro ha levantado el secreto de sumario sobre la red exterior de la trama, que permanece en fase de instrucción. En un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía (UDEF) se detalla cómo el Instituto que dirigía Urdangarin desvió entre marzo y julio de 2007 dicha cantidad mediante más de veinte abonos fragmentados –de entre 8.000 y 40.000 euros cada uno- a una cuenta en Luxemburgo a nombre de la sociedad pantalla ‘De Goes Center for Stakeholder Management Ltd.’
Al dinero desviado a Luxemburgo hay que sumar el que Urdangarin mantendría oculto en Suiza y que aún no se ha podido verificar dada la lenta comisión rogatoria librada a las autoridades helvéticas. Aunque el duque de Palma niega la existencia de cuentas opacas en paraísos fiscales, la investigación ya ha demostrado que en Andorra ocultaron hasta 400.000 euros provenientes de ingresos en efectivo del Instituto Nóos.
Incluso el testimonio del presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, confirma la existencia de cuentas en Suiza, ya que declaró ante el fiscal que los 375.000 euros que le pagó por sus servicios como asesor internacional en 2008 se hicieron a través de Suiza y con la firma de un testaferro, según publica ‘El Mundo’.
“No me dieron ninguna explicación ni tampoco la pedí, porque me fiaba de Urdangarin: Era el yerno del Rey, trabajaba en Telefónica, tenía relación con la Generalitat y pertenecía al Comité Olímpico”, se justificó.
Se estima que el entramado Nóos generó cerca de diez millones de euros gracias al trato de favor de administraciones públicas en Valencia y Baleares. El blindaje y la opacidad de las cuentas que se conocen en el extranjero confirman los indicios de acusación penal que pesan sobre el yerno del rey.
El fiscal Horrach pide una fianza civil de más de ocho millones de euros para Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres por supuesta malversación de fondos públicos, evasión fiscal y otros delitos.