¿Debe la Administración pagar las facturas de un contrato supuestamente amañado? La Fiscalía Anticorrupción y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, creen que, al menos en el 'caso Púnica, no. Así lo refleja el magistrado en una reciente providencia en la que destaca que las adjudicaciones sobre las que existen importante indicios de su irregularidad "pueden originar los procesos de revisión o de suspensión" para no hacer frente a dichos abonos. En dicho escrito judicial, elaborado en respuesta al presentado por el Ayuntamiento de Parla ante los apremios de pago que le está haciendo desde hace más de un año una de las principales empresas implicadas en la trama de corrupción, la filial española de la multinacional Cofely-GDF Suez, el juez Velasco destaca que no entra dentro de sus competencias penales decidir el pago o no de dichos cargos, pero recalca que el origen de los mismos es fruto de "la voluntad viciada del Ayuntamiento como órgano adjudicante, sometida a los pactos de corrupción".
El juez cree que los contratos de Cofely se adjudicaron gracias a "la voluntad viciada" de los ayuntamientos "sometida a los pactos de corrupción"
De este modo, el magistrado del 'caso Púnica' da respuesta al escrito que presentó en la Audiencia Nacional el pasado 3 de diciembre el actual equipo de gobierno del municipio madrileño, liderado tras las elecciones del año pasado por el 'popular' Luis Martínez Hervás. El Consistorio, que está personado en la causa como acusación particular precisamente por el amaño en la adjudicación de un concurso de eficiencia energética de 54,6 millones de euros realizada por el alcalde socialista José María Fraile, detenido e imputado en la causa, pedía que el magistrado le indicase cuáles de las facturas que tenía pendiente de abonar por dicho contrato "pueden considerarse preceptivas de abono". En total, Parla adeuda a Cofely-GDF Suez cerca de 7,3 millones de euros, según los datos facilitados por la propia compañía a Vozpópuli.
El consistorio acompañaba su escrito de siete tablas con relaciones de facturas, y detallaba que gran parte de ellas han sido incluidas por la filial española de la multinacional en sendas denuncias presentadas ante los Juzgados Contencioso-Administrativo de Madrid números 11, 19 y 29. De hecho, la empresa ha emprendido acciones similares contra otros ayuntamientos salpicados por la trama Púnica que han dejado de pagarle. Fuentes de la misma aseguran a este diario que en todos los casos los magistrados de esta instancia judicial les está dando la razón. En el caso de Parla, añaden que el propio Consistorio había "propuesto un plan de pago a seis años que ya ha sido rechazado por el propio juez" que instruye la demanda. En este sentido, inciden en que éste "ha solicitado el cumplimiento de la medida cautelar adoptada" para garantizar el pago de parte de la millonaria deuda.
Deudas anteriores a 'Púnica'
Cofely también destaca que los débitos de Parla y de otros ayuntamientos de la Púnica con su compañía son, en muchos casos, anteriores a que se produjeran las primeras detenciones a finales de octubre de 2014. En el caso del ayuntamiento que ha planteado la pregunta al juez Velasco, de noviembre de 2013, "casi un año antes de que salte el 'caso Púnica'", recalcan desde la compañía. También resaltan que el argumento alegado por este consistorio y otros ante los juzgados contencioso-administrativo de que dichos contratos estaban bajo investigación judicial penal en la Audiencia Nacional "ha sido desetimado en la mayor parte de los casos". Cofely recalca que en junio de 2015 presentó un escrito al Ayuntamiento de Parla para anular su contrato precisamente porque la deuda acumulada convertía "la situación en insostenible".
La multinacional asegura que los jueces de lo contencioso-administrativo les están dando la razón en sus reclamaciones ante los ayuntamientos de Púnica
Sin embargo, la providencia del juez Velasco viene dar nuevos argumentos a los consistorios deudores. En dicho escrito, el instructor del 'caso Púnica' se apoya en el informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó el pasado 8 de abril en relación con la pregunta del Ayuntamiento de Parla. En este sentido, el magistrado reconoce que "las prestaciones derivadas [d]el contrato entre el Ayuntamiento y Cofely, en el actual momento procesal, no forman parte de ninguna expectativa que pueda ser objeto de medida cautelar directamente por la jurisdicción penal". Sin embargo, a continuación recalca que "la voluntad viciada del Ayuntamiento como órgano adjudicante, sometida a los pactos de corrupción que concertaron los ediles municipales y la empresa multinacional, deben ser elementos que, pese a ser indiciarios y no tener la firmeza de cosa juzgada, pueden originar los procesos de revisión o de suspensión en vía contenciosa por las partes". Fuentes del consistorio madrileño destacaban a Vozpópuli que esta respuesta les da la razón en su postura de no seguir abonando facturas. Desde Cofely declinaron valorar dicho escrito del juez Velasco.
UNA VEINTENA DE CONTRATOS MILLONARIOS BAJO SOSPECHA
Cofely ha representado siempre una de las principales líneas de investigación de la 'Operación Púnica', sobre todo por la millonaria cuantía de los contratos de eficiencia energética que esta empresa firmó con numerosos ayuntamientos, en su mayoría de la Comunidad de Madrid. De hecho, el juez Velasco le ha dedicado en exclusiva una de las doce piezas separadas en las que dividió la causa. En concreto, la número 6. Hasta ahora, son nueve los consistorios salpicados, aunque las investigaciones de los últimos meses apuntan a otra decena más, lo que elevaría la cifra final a cerca de 20. En octubre, cuando se produjeron los primeros arrestos, ocho fueron los Ayuntamientos registrados por la Guardia Civil: además de Parla, recibieron la 'visita' de los agentes de la UCO Collado Villalba, Móstoles, Casarrubuelos, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle y Almendralejo. El fraude en los tres primeros se produjo mientras la investigación estaba en marcha y sumaba 166 millones de euros (un contrato de 72 millones con el Ayuntamiento de Móstoles, los 54,6 millones con el Consistorio de Parla y uno más de cerca de 40 millones con el de Collado Villalba). Además, el de la localidad extremeña de Almendralejo, que era de 24 millones, estaba a punto de firmarse cuando se produjo la detención de los principales integrantes de la trama el 27 de octubre del año pasado. A estos ocho consistorios se sumó en junio un noveno, el de Moraleja de Enmedio.
La investigación no se acabó en ellos y, de hecho, en los últimos meses el juez Velasco y la Guardia Civil han trabajado en destapar las supuestas irregularidades en otra decena de ayuntamientos en los que Cofely presuntamente se hizo con los contratos de eficiencia energética de modo irregular. En la primera fase de la 'Operación Púnica' cuatro directivos de la compañía fueron detenidos. Todos ellos han sido despedidos, recalcan desde Cofely. Según detalló la Fiscalía Anticorrupción durante la declaración ante el juez Velasco de uno de ellos, los representantes de la multinacional acudían a los concursos públicos para ganar "con absoluta seguridad, ya que se infiltraban en los ayuntamientos y obtenían las valoraciones de las otras ofertas", incluidos los baremos económicos que ofrecían sus competidores. "Se hacían sugerencias en los pliegos y se exigía que se acomodaran a la oferta que iba a presentar Cofely". Para realizar estos amaños, contaban con el apoyo del constructor David Marjaliza, socio y amigo de Granados, y de su empresa Ruta Energética SL.
