El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que esta comunidad es la "más beneficiada en términos de condonación por habitante ajustado". El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha comunicado este lunes en Toledo que la región se siente satisfecha con la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre la condonación de parte de la deuda de las administraciones regionales con el Estado. Esta medida se discutirá en el próximo pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará este miércoles. El consejero ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, y el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.
Condonación de deuda: un alivio para la región
Ruiz Molina ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está satisfecho con la propuesta del Ministerio de Hacienda, ya que reconoce una reivindicación histórica. La condonación asciende a 4.927 millones de euros, lo que representa un alivio significativo para la región.
Esta cifra se aproxima a los 5.000 millones solicitados por el Ejecutivo de García-Page desde el inicio de las negociaciones. La metodología utilizada considera que parte del endeudamiento de la comunidad es consecuencia de la infrafinanciación sufrida. La región es la más beneficiada en términos de condonación por habitante ajustado, con 2.319 euros por persona, un 24% por encima de la media de las comunidades de régimen común. En términos de deuda total, el porcentaje condonado asciende al 30,5%, superando el 26,7% del conjunto de las comunidades autónomas.
Los 5.000 millones de euros condonados representan el 75% de la deuda generada durante el Gobierno de Cospedal. En cuatro años, la deuda de Castilla-La Mancha se incrementó en 6.573 millones de euros, duplicando la existente al inicio de su mandato en junio de 2011. Ruiz Molina ha aclarado que no se reciben 5.000 millones, sino que se reduce en esa cifra la deuda con el Estado, lo que afectará la carga financiera según las reuniones bilaterales con el Estado.
Distribución del impuesto a la banca: un debate en curso
El consejero ha mostrado su rechazo a que la distribución del impuesto a la banca se realice en función del Producto Interior Bruto (PIB). Según él, este criterio favorece a las regiones con mayor capacidad económica en lugar de atender las necesidades de cada región. Ruiz Molina ha calificado esta metodología como un "atropello" y una "ruptura" con los principios de redistribución de la riqueza recogidos en la Constitución. Ha advertido que este criterio podría sentar un precedente en la distribución de la riqueza del país, favoreciendo a comunidades como Cataluña, que argumentan que los ciudadanos con mayor capacidad económica deben tener mejores servicios públicos.
Ruiz Molina ha subrayado que este enfoque afecta a los principios de la socialdemocracia, que abogan por recaudar más impuestos a quienes tienen mayor capacidad para repartirlos entre quienes más lo necesitan
Ruiz Molina ha subrayado que este enfoque afecta a los principios de la socialdemocracia, que abogan por recaudar más impuestos a quienes tienen mayor capacidad para repartirlos entre quienes más lo necesitan. Ha apelado a la responsabilidad de todas las formaciones políticas para apoyar medidas que beneficien a la ciudadanía, sin caer en debates partidistas. El Gobierno de Castilla-La Mancha se compromete a defender los intereses de la región, reconociendo lo que está bien y lo que está mal, independientemente del partido en el poder. El consejero ha insistido en la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica que permita a Castilla-La Mancha salir de la situación actual.
Ha instado además al Gobierno de España a mostrar liderazgo a través del Ministerio de Hacienda para establecer un sistema de financiación que satisfaga las necesidades de las comunidades. Este nuevo modelo debería aportar más recursos financieros y establecer un reparto más justo para financiar el coste real de los servicios públicos, especialmente los relacionados con el Estado del Bienestar. Mientras tanto, el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá planteando la aprobación de un fondo transitorio que compense a las comunidades infrafinanciadas con el actual modelo. Ruiz Molina ha concluido que se opondrán a un modelo de financiación singular que no busque más financiación, sino más que las demás comunidades.
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