El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha reconocido este martes que un total de 72 mujeres de la región fueron derivadas a centros hospitalarios de otras comunidades para abortar en 2022, algo que el Tribunal Constitucional (TC) ha dictado que "vulnera los derechos fundamentales de la mujer".
Preguntado por esta resolución del TC, Vázquez ha pedido esperar a conocer "los detalles" de esta resolución de la Sala Primera, que ha concedido por unanimidad el amparo a una mujer por apreciar que el Servicio Murciano de Salud, al derivar a la demandante a un centro sanitario privado en Madrid, ha vulnerado el derecho de configuración legal de la mujer a la interrupción del embarazo.
No obstante, el titular de Sanidad ha subrayado que desde el Gobierno autonómico se está trabajando en garantizar la prestación de este derecho a las mujeres en la Comunidad, donde el aborto se practica únicamente en los centros públicos de Miranda de Ebro (Burgos) y Burgos capital; mientras que en el resto de provincias hay acuerdos con clínicas privadas, incluso de fuera de la Comunidad.
"Dificultad" para garantizar el aborto de forma íntegra en Castilla y León
En este sentido, Vázquez ha reconocido que tienen "dificultades" para garantizar que este derecho al aborto se realice de forma íntegra en la Comunidad porque la propia ley establece el derecho a la objeción de conciencia de los facultativos, cuyas condiciones deben establecerse en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, algo que no se ha hecho aún, según el consejero.
El consejero de Sanidad ha instado al Ministerio a incluir este aspecto en una de las próximas reuniones del Consejo Interterritorial.
Por este motivo, desde Castilla y León, el consejero de Sanidad ha instado al Ministerio a incluir este aspecto en una de las próximas reuniones del Consejo Interterritorial para "poder tener todo preparado para hacer frente a este registro (de objetores de conciencia) de forma inmediata", ha apostillado.
