La Plataforma por la Lengua, que también se autodenomina la 'ONG del catalán', ha afeado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, no haber incluido todas sus reivindicaciones en su nueva ley de Consumo. Esta entidad, a petición de Més per Mallorca, preparó una serie de enmiendas que fueron rechazadas por el Senado, entre ellas, la obligación de etiquetar en castellano. "Se implantó con la dictadura franquista y ninguno de los gobiernos estatales posteriores la ha revertido", critican desde la plataforma. Piden etiquetas en catalán.
"Los diputados y senadores del PSOE y de Unidas Podemos, incluidos los de los territorios de habla catalana, han aprobado una nueva ley de consumo que sigue discriminando a los catalanohablantes. La ley, presentada en el Congreso por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha incorporado algunas mejoras respecto a la del 2007, pero ha excluido enmiendas clave que habían sido presentadas por ERC y por Més Mallorca con la colaboración de Plataforma por la Lengua", detallan.
Esta entidad habría colaborado en la presentación de un documento de enmiendas que pretendían extender "los derechos lingüísticos que ahora mismo sólo se garantizan a los castellanohablantes" a los consumidores que hablan en catalán y otras lenguas cooficiales. "Aunque no eran enmiendas que dieran un carácter preferente al catalán, como sí lo tiene actualmente el castellano, el Senado las rechazó, también con los votos contrarios de los senadores del PSOE y de Unidas Podemos", se queja la 'ONG del catalán', que se hizo conocida por elaborar estudios lingüísticos basados en el espionaje a los niños durante el recreo.
"Desincentiva el uso del catalán"
La plataforma critica que la nueva ley de Consumo permite que el castellano siga siendo la única lengua en la que es obligatorio etiquetar a España, algo que considera "un privilegio que se remonta a la dictadura franquista". De acuerdo a su teoría, la imposición normativa del castellano desincentiva el uso de otras lenguas en el etiquetado y hace que las empresas sólo tengan que adaptarse a las necesidades de uno de los grupos lingüísticos, lo que deja al resto de consumidores en una situación vulnerable y de evidente desigualdad.
Hace que las empresas sólo tengan que adaptarse a las necesidades de uno de los grupos lingüísticos, lo que deja al resto de consumidores en una situación vulnerable
"A pesar de que en 1996 el Tribunal Constitucional español reconoció explícitamente el derecho de las comunidades autónomas a establecer también la obligatoriedad de etiquetar en las otras lenguas oficiales, sólo Cataluña la ha previsto en su Código de consumo. Sin embargo, no lo hace realmente efectivo y la gran mayoría de empresas respeta sólo la obligatoriedad de etiquetar en castellano", denuncia la organización.
Hay que tener en cuenta -advierte la organización en un escrito publicado en su web oficial-, que antes de la dictadura franquista era frecuente que los productos distribuidos en Cataluña, incluidas las multinacionales como Nestlé, fueran etiquetados en catalán. Así lo explicaba en 2010 el documental Cuando las abuelas compraban en catalán, producido por el Ayuntamiento de Gerona.
"La nueva ley de Consumo tampoco regula el derecho de los consumidores a recibir los contratos a distancia en la lengua oficial de su elección. Conviene destacar que, con la emergencia del comercio digital, los contratos a distancia son cada día más frecuentes. La actitud del PSOE y de Podemos de regular el derecho a disponer de los contratos a distancia, pero restringiéndolos a los consumidores de habla castellana, es una nueva muestra de la ideología supremacista propia del nacionalismo español", sostienen.
Y añaden que: "Según esa ideología, sólo uno de los grupos lingüísticos del Estado merece gozar de derechos lingüísticos plenos, una idea que no es patrimonio exclusivo de la derecha española, sino que también es asumida por las fuerzas que se definen de izquierdas y por sus representantes catalanes, valencianos y baleares".
Enmiendas aceptadas por PSOE y Podemos
Pero no todo son quejas. La Plataforma por la Lengua reconoce que han colado algunas pretensiones en las políticas de Garzón a través de ERC, socio del Gobierno. "Aunque la versión inicial de esta ley no preveía ningún derecho lingüístico para los catalanohablantes, cuatro de las enmiendas presentadas al Congreso por el grupo parlamentario de ERC han sido aceptadas por el PSOE y Podemos. Las enmiendas aceptadas darán derecho a los consumidores a recibir en catalán la información previa a un contrato, los documentos de garantías comerciales, los contratos firmados fuera del establecimiento mercantil del proveedor del servicio y la información precontractual de los viajes combinados, que son aquellos en los que una agencia de viajes ofrece al usuario al menos dos servicios", celebra la 'ONG del catalán'.
Esta misma asociación ha lanzado distintas campañas en los últimos meses para promover el uso del catalán, una lengua que considera en retroceso, sobre todo entre los más jóvenes. Tal y como publicó este diario, la plataforma ha elaborado una serie de guías dirigidas a familias y profesores para que configuren los ordenadores y otros dispositivos en catalán, hablen en los grupos de WhatsApp en esa lengua y consuman productos audiovisuales en la misma. Además, piden a las familias comprar productos "responsables lingüísticamente" con etiquetas en catalán.
Además, en plena cuesta de enero, orquestó una iniciativa en los supermercados vinculados al independentismo para recaudar fondos y conseguir más películas y series en catalán en las plataformas digitales. Consistía en "redondear" las compras que se hicieran en los establecimientos del Grupo Bon Preu. En definitiva, en dejar propina en las cajas.
"Durante este mes de enero, el redondeo solidario de los supermercados Bonpreu y Esclat se destinará a la campaña de Plataforma por la Lengua para promover el catalán en plataformas de vídeo a la carta, como Netflix, Disney+, HBO, Amazon Prime Video o Rakuten TV", pedían.
