La Consejería de Enseñanza de la Generalitat se gastó unos 2.800.000 euros en la compra de los 7.000 ordenadores que se utilizaron en las mesas de votación durante simulacro de referéndum del 9 de noviembre de 2014, tal y como han informado a Europa Press fuentes judiciales.
El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; la exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, justificaron en sus declaraciones como imputados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que ya estaba prevista esta adquisición para uso docente y que puntualmente se aprovecharon en las más de 6.500 mesas de votación para gestionar la participación el 9N.
La Generalitat pagó también más de 12.000 euros por el transporte del material informático
Según las mismas fuentes, también existe una factura girada a la Consejería de más de 12.000 euros por el transporte del material informático a los centros de votación y que figura entre la documentación que investiga el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que mantiene imputados a Mas, Ortega y Rigau por presunta desobediencia al organizar el 9N tras el veto del Tribunal Constitucional (TC).
El TSJC ha pedido al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), a petición de la Fiscalía, el expediente completo de la compra de ese material informático para la Consejería y también toda la documentación relacionada con ese transporte, entre otros datos.
Las diligencias del caso 9N continuará el lunes con la declaración de nuevos testigos -entre ellos, técnicos del CTTI-, después de que el presidente Mas declarase el jueves ante el TSJC durante algo más de una hora en la que se reivindicó como principal responsable y promotor político de la consulta, que denomina proceso participativo.
"Legalidad e imparcialidad"
En su declaración, Mas se negó a contestar a las preguntas del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled -que estuvo acompañado por el fiscal superior de Cataluña, Jose María Romero de Tejada- aludiendo a las diferencias de criterio entre la Fiscalía catalana y la Fiscalía General del Estado, que, según él, "impuso" a la primera la interposición de la querella; tampoco contestó a la acusación popular representada por Manos Limpias.
Según fuentes judiciales, el fiscal respondió al momento al presidente que la Fiscalía es única para todo España y que actúa de acuerdo a criterios de "legalidad e imparcialidad" y, a continuación, añadió que actúa con imparcialidad tanto en sus interrogatorios como cuando se negó a que el 9N se retiraran las urnas, como se había promovido desde algunos ámbitos.
