Cataluña

El constitucionalismo crece y amenaza el discurso separatista catalán en la universidad

La Justicia condena a los secesionistas que atacaron a S'ha Acabat al tiempo que el colectivo se presenta a las elecciones del claustro de la UPF

  • Asedio ultra a los jóvenes de S'ha Acabat en 2023. -

El profesor y filósofo Francisco Caja afirmó en una ocasión que "hasta el último club de ajedrez está intervenido políticamente en Cataluña" por el nacionalismo. Lógicamente, una institución tan relevante como la Universidad no iba a permanecer ajena al contagio que denunciaba Caja. Y es sabido que la Justicia ha puesto en solfa a las instituciones universitarias catalanas en más de una ocasión por su adhesión al separatismo. Sin ir más lejos, los tribunales obligaron a la Universidad Autónoma de Barcelona el pasado octubre a tapar un gran mural independentista que presidía su plaza central. Y tanto la Universidad de Barcelona como la Politécnica fueron llamadas a capítulo por los jueces por "vulnerar la neutralidad ideológica" durante el 'procés'.

 

En este clima, la asociación juvenil S'ha Acabat-Jóvenes por la defensa de la Constitución supone un islote en la institución. Formada en 2018 como una escisión de las juventudes de Sociedad Civil Catalana, la entidad se ha hecho popular desde entonces sobre todo por el hostigamiento al que el separatismo radical la ha sometido, increpando a sus miembros e impidiendo —a menudo, con violencia— sus actos en la Universidad. 

 

El último episodio de estas características tuvo lugar durante la feria de asociaciones del pasado octubre, cuando un centenar de radicales secesionistas les lanzó botes de humo y de pintura al grito de "Fuera fascistas de la Universidad". Antes, durante la pegada de carteles del 9-J, los extremistas agredieron físicamente al vicepresidente del colectivo, Hugo Escarpa, al que desgarraron la ropa y ocasionaron magulladuras en diferentes partes del cuerpo.

 

El incidente más reciente fue condenado por el PP catalán y entidades constitucionalistas, pero omitió hacerlo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Y ello a pesar de que, tras los hechos, S'ha Acabat solicitó a la 'consellera' de Universidades, Núria Montserrat, una reunión para abordar el acoso que sufren sus miembros en el campus. Una reclamación que no fue atendida. Por su parte, el rectorado universitario tampoco se pronunció al respecto. Y es que, como ha denunciado el colectivo juvenil, estos suelen ignorar estos escraches o, a lo sumo, realizar condenas genéricas de la violencia, equiparando a los agresores con las víctimas.

Espaldarazo de la Justicia

Pero el equilibrio de poder podría estar empezando a cambiar. Esta semana, la asociación ha recibido un espaldarazo de la Justicia, que ha condenado por "coacciones" a cuatro de los activistas secesionistas que atacaron y expulsaron a sus miembros en la Pompeu Fabra en febrero de 2023. El fallo recuerda que los agresores mostraron una "actitud hostil" a los jóvenes del colectivo, desmantelando su tenderete y forzándoles a salir de lugar por un "pasillo humano" mientras les propinaban patadas y les gritaban "fascistas". Una conducta que, según la jueza, no se encuentra amparada por la "libertad de expresión", tal como alegaron los ultras. En consecuencia, ha impuesto a cada uno de los agresores una sanción de 2.160 euros. 

Y otra grieta abierta en el monopolio secesionista de la Universidad lo representa que S'ha Acabat se presenta por primera vez a las elecciones del Claustro universitario de Derecho de la UPF. De la mano de sus candidatos Elio Oliva y Manuel Mesa, el colectivo, defiende en su programa necesidades alejadas de la política como una "remuneración digna" para los estudiantes en prácticas o establecer "convenios con las mejores universidades" del extranjero. Pero también asumen compromisos vinculados al ideario constitucionalista. Entre ellos, conseguir un "biligüismo real" en el centro, garantizando el derecho de profesores y alumnos a usar tanto castellano como catalán; o acabar con su "sectarismo" ideológico, evitando el adoctrinamiento en las clases o retirando la simbología partidista de sus instalaciones.

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