Cataluña ha trasladado al Ejecutivo central ocho propuestas que considera que se pueden implementar para ahorrar energía, entre las que se encuentran la creación de una energética pública, acelerar los proyectos de inyección de biometano a la red de distribución y hasta tres modificaciones legislativas. En el documento de propuesta, elaborado por el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, avanzado por El Periódico y al que ha tenido acceso EFE, se recuerda que el Gobierno catalán elabora cada cinco años un plan de ahorro y eficiencia energética, que ya contempla, por ejemplo, usar las cubiertas de edificios y equipamientos públicos para la generación de energías renovables.
La primera de las ocho medidas propuestas pasa por "acelerar el desarrollo de proyectos de inyección de biometano a la red de distribución o transporte de gas natural a partir de la adaptación de plantas de biogás ya existentes", para lo que sería necesario modificar la normativa urbanística o una línea de ayudas a la inversión en este ámbito.
También plantea el Ejecutivo catalán "acercar la oferta a la demanda", de modo que se puedan reducir las pérdidas de electricidad en el transporte y la distribución, fijadas en un mínimo del 15%. Ello pasa por "maximizar la generación distribuida con carácter local de potencia instalada igual o inferior a 5 MW conectada a línea de distribución de tensión de hasta 25 KV (en el caso del Estado, 45 KV), con lo que se garantiza que la generación producida va a ser consumida por aquellos consumidores cercanos, ya sean del municipio más próximo o de los de la misma comarca".
Otra actuación propuesta es elaborar un plan de choque para un mejor aprovechamiento de los excedentes fotovoltaicos de plantas de autoconsumo: según estimaciones del Govern, "de los 169 MW de autoconsumo en Cataluña instalados a finales de 2021, 46 MW no inyectan a la red la energía excedentaria. Se podría considerar que 46 MW de potencia tienen el acceso capado a la red". "Para revertir esta situación", el departamento plantea tres modificaciones legislativas: "permitir la compensación de excedentes para potencias de hasta 1 MW", "eliminar los permisos de acceso y conexión para potencias de autoconsumo iguales o menores a la potencia contratada, al menos para instalaciones de potencia menor a 500 KW"; y "separación real de las actividades del sistema eléctrico y auditoría de los costes regulados".
Además, el Ejecutivo catalán prevé aprobar en otoño los estatutos de la futura compañía energética pública de la Generalitat, que se propone "influir sobre el mercado eléctrico", jugando un papel en las diferentes actividades del sector, según indicó recientemente la directora general de Energía, Assumpta Farran, en una entrevista con EFE. A este respecto, plantea al Gobierno central que la Administración estatal opte también por crear una empresa energética pública para transitar hacia "un modelo distribuido y democrático".
En última instancia, la Consejería repasa en su misiva hasta siete actuaciones que prevé implementar -entre ellas, potenciar el teletrabajo, rehabilitaciones de edificios o maximizar el uso de la bici, además de las placas fotovoltaicas en cubiertas públicas- en el citado plan de eficiencia energética que se elabora cada lustro. El documento enviado por la Generalitat responde a la petición a las autonomías de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de remitir sus propias propuestas de ahorro energético antes de septiembre.
