La inquietud ante el crecimiento de la inmigración ha calado entre la sociedad catalana. Así lo demostró el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) —el "CIS catalán"— que indicó que el 60% de los catalanes consideraban que en la actualidad había "demasiada" población inmigrante en Cataluña. Además, casi la mitad, un 45%, juzgaba que a las autoridades habían "perdido el control" en la gestión de la llegada de las personas procedentes del extranjero. Un clima social que, al menos en el plano de las palabras, choca con el que reinaba a comienzos de 2017, cuando, en pleno 'procés', miles de personas se manifestaban en Barcelona bajo el lema "Volem acollir. Obrim fronteres!" (Queremos acoger. Abramos fronteras).
Pero, si durante esos días, el secesionismo deseaba proyectar la imagen de una Cataluña "abierta" al mundo, en la actualidad su lenguaje y sus formas han variado sustancialmente —actitud extensible en buena medida al resto de la sociedad catalana—. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Uno de los acontecimientos que suelen apuntarse es el atentado yihadista de Las Ramblas ese mismo verano que, aunque en el momento no pareció indisponer a la población contra el origen de sus autores, sí propició la eclosión de una fuerza ultra en plena expansión, Aliança Catalana —que, como es sabido, combina el rechazo a España con un discurso hostil con la inmigración, conectando así con amplias capas de la Cataluña interior—.
A ello, hay que sumarle el incremento de la población extranjera, que ha pasado de representar aquel año un 13% respecto al total a un 17% en la actualidad. Y que se sitúa en torno a la mitad de la población en municipios como Guissona (53%) o Castelló d'Empúries (45%). Con una composición, además, muy distinta a las de otras comunidades. Y es que, según cifras del Instituto de Estadística Cataluña (IDESCAT) la comunidad marroquí alcanza el 17% de los extranjeros radicados en la región, con 234.054 residentes, seguidos de las personas rumanas (86.751), colombianas (76.407) y chinas (61.864). A este respecto, conviene señalar que según una encuesta de Sigma Dos publicada a comienzos del año pasado, mientras que la simpatía de los nacionales por los latinoamericanos es del 48%, la que se profesa a los magrebíes es testimonial (3%).
Barrera y Pujol, precursores
Sobre esta configuración, algunas voces han advertido de la querencia del nacionalismo catalán en las últimas décadas por priorizar la inmigración marroquí sobre la sudamericana —que, al expresarse en español, amenazaría el proyecto de sustitución lingüística emprendido por el movimiento—. Ya en 2014, el PP en Cataluña reprochó a CiU esta predilección, que atribuyó a su fijación con no perjudicar la "construcción nacional". Una teoría que el propio Jordi Pujol, considerado el arquitecto de la Cataluña moderna, pareció validar en una conversación mantenida en 2008 con el histórico dirigente de ERC Heribert Barrera —cuya beligerancia verbal contra los extranjeros le granjeó diversas polémicas—. En la charla, recogida en el libro 'Toc d'Alerta', de Salvador Cot, Barrera señala: "Lo que complica bastante las cosas es que es más difícil integrar a un latinoamericano que un andaluz". A lo que Pujol responde: "Eso seguro. Y más que a un marroquí pues, religión aparte, a los latinoamericanos les cuesta entender la catalanidad".
Es en este contexto en el que Junts está echando el resto por conseguir para la Generalitat la gestión integral de la inmigración, que el pasado jueves el ministro del Interior, Félix Bolaños, dijo encontrarse "bastante avanzada". Y que para algunos, entre el repertorio de cesiones que los neoconvergentes están obteniendo del Ejecutivo de Sánchez a cambio de su respaldo a la gobernabilidad, representa la joya de la corona. En parte, por la propia pulsión xenófoba que el constitucionalismo denuncia en Junts. Pero, también, por su valor como herramienta electoral para neutralizar a la pujante Aliança Catalana, cuyo discurso resulta en gran medida concomitante con el de Puigdemont.
Sin embargo, el encaje constitucional de un traspaso de esta índole despierta muchas dudas. Que explican que, de momento, el Gobierno no se avenga a que el control de las fronteras recaiga sobre el gobierno catalán —principal punto de fricción en las negociaciones—. El Ejecutivo defiende que éstas son competencia nacional y que el Frontex —el encargado de la seguridad de la Unión Europea— solo se coordina con Estados miembros. Pero una de las propuestas en circulación pasa porque los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional se repartan las tareas. En cualquier caso, desde una perspectiva constitucional, el artículo 150.2 de la Constitución Española podría dar cobertura formal a la transferencia, en tanto que permite que el Estado delegue o transfiera a las comunidades competencias exclusivas que por su naturaleza puedan ser transferidas.
El "núcleo duro" del Estado
"¿Puede, por su naturaleza, ser transferida la competencia en materia de extranjería, incluido, en su caso, el control de fronteras?", reflexiona, consultado por 'Vozpópuli', el catedrático de Derecho Internacional Privado Rafael Arenas. "A mi juicio, no; porque se afecta a una de las funciones básicas de la soberanía (el control de fronteras) y, además, introducirá elementos diferenciales en la regulación de la extranjería entre Cataluña y el resto del país", valora. De todas formas, Arenas duda de que si el caso llegase a "este" Tribunal Constitucional, éste mantenga que es inconstitucional —el órgano goza, en la actualidad, de una mayoría progubernamental—.
Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de País Vasco, Javier Tajadura, también coincide con Arenas en que la competencia no es transferible. "Cuestiones como las fronteras exteriores, la inmigración, la extranjería, los procedimientos de expulsión, etcétera, todo ello afecta al núcleo duro de la soberanía del Estado, de manera que no se puede descentralizar", desgrana a 'Vozpópuli'. Asimismo, con respecto al plano político, Tajadura juzga que estas "alteraciones del reparto de poder" del Estado deben contar con el acuerdo de los "principales partidos nacionales". Sin embargo, son producto del "mercadeo para hacerse con los votos de un partido minoritario, como es Junts", apostilla Tajadura.
Por lo demás, Arenas agrega que el traspaso de la extranjería es un "éxito enorme" para el nacionalismo por cuanto supone la "expulsión casi definitiva del Estado en Cataluña". "Cuando alguien llegue a las fronteras de Cataluña (ya podría decirse esto en vez de las fronteras españolas) se encontrará a un policía que en vez de llevar en las mangas la bandera española portará la 'senyera", advierte. Y aunque admite que el traspaso de extranjería no permitiría el establecimiento de controles entre Cataluña y el resto de España, "se habría avanzado significativamente en el proyecto nacionalista de una progresiva separación del territorio de Cataluña del conjunto de España".
