"Si quiere un proyecto a un coste bajo y con una garantía cierta del Estado seguramente se vincularía el coste de financiación a la deuda pública. A partir de ahí y sin garantía, el proyecto puede que no sea financiable". Así se ha explicado el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, sobre la cláusula de Responsabilidad Patrimonial del Estado en el proyecto Castor ante la Comisión de Investigación en el Parlamento de Cataluña.
Álvarez ha asegurado que sin esta garantía, entre otras condiciones estipuladas en el contrato, los costes de financiación hubieran hecho "infinanciable" este proyecto. Según ha declarado ante los diputados, la financiación de este proyecto estaba vinculada a la deuda pública a diez años más un diferencial, pero la banca no fue la principal beneficiada si el proyecto hubiera salido bien. "La banca asume el riesgo de la deuda", ha asegurado. "Este tipo de cláusulas eran habituales", ha apuntado.
El consejero delegado del Santander ha indicado que la entidad financió la construcción y una vez puesto en marcha se emitieron bonos para continuar la financiación. El banco participó en ambas partes, colocando la totalidad de los bonos del Castor entre inversores.
Financiable y distribuible
Álvarez ha mantenido la misma argumentación que el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, quien puso de manifiesto hace un mes los informes legales, técnicos y medioambientales pedidos por la entidad financiera para invertir en el proyecto Castor.
En cuanto a los riesgos legales, estaban ya contemplados en todos los proyectos financiados por esta entidad financiera. "El proyecto fue convalidado por las Cortes Generales y apoyado por un real decreto. Si uno no puede tener confianza en esto, díganme ustedes si financiaríamos algún proyecto", ha respondido a las cuestiones planteadas por algunos diputados. "Si con eso no financias, ¿qué proyecto vamos a hacer con una carretera o autopista?", se ha preguntado.
En cuanto a las cláusulas, ha afirmado que son "las habituales adaptadas" al proyecto Castor. En primer lugar es que sea financiable y distribuible. "Se dio una línea de avales técnicos, con un swap en los tipos de interés y en la colocación de bonos con la nota de las agencias de calificación. "Sin estas características no te financiarían el proyecto", ha añadido.
"Firmamos con ánimo de cumplirlo"
El contrato se firmó con una "empresa cualificada" con contrapartidas profesionales, ha considerado, pero "nos equivocamos". "Forma parte de la posibilidad de error", ha indicado. Para su viabilidad y la nota de S&P y Fitch, para la probabilidad de cobro es superior al 96%, ha comentado, una nota equivalente a BBB. "Nosotros cobramos 71,9 millones en intereses" hasta la sentencia del Supremo, cuando se anuló el proyecto. En cuanto al riesgo sísmico, el consejero delegado del Santander ha asegurado que se realizó "una evaluación equivocada".
"Firmamos con el ánimo de cumplirlo. Si la otra parte no lo cumple, lo reclamamos", ha respondido sobre la posición del Santander para reclamar el incumplimiento de contrato. Junto con CaixaBank y Bankia, el Santander presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para que les fuera devuelto la parte financiada no devuelta junto con una indemnización por los daños causados. La inversión fue de 1.350 millones de euros.
La CUP tilda de "estafa" y apunta al Santander como "cooperador necesario"
Las críticas más duras contra Álvarez y el Santander han sido de Maria Sirvent, portavoz de la CUP. "Ya sabemos que no son una banca ética y tampoco son una banca pública. Su objetivo es la consecusión de beneficios, y por tanto cuantos más beneficios, mejor", ha señalado. "Si las cosas salen bien se le puede multiplicar ese dinero. Si salen mal no se preocupe que lo va a recuperar todo", ha ejemplificado la diputada de la formación de extrema izquierda en relación a la cláusula de responsabilidad del Estado.
"No acabamos de entender cómo ustedes no lo vieron. Era un poco raro que en el pliego de condiciones que se estipulara una cláusula, si no le pareció extraño que en los bonos del Banco Europeo de Inversiones se dijera que apesar de que la planta estuviera o no operativa, los bonistas iban a cobrar igualmente y si ustedes no se dieron cuenta de que estaban financiando una ayuda ilegal de Estado.
"A nuestro parecer han sido cooperadores necesarios de una estafa que ha tenido consecuencias muy negativas sobre la población", ha afirmado. "Las consecuencias las estamos pagando todos. Este proyecto comportó más de 1.000 terremotos en las localidades colindantes", ha aseverado. "¿No estudiaron nada? ¿no miraron la viabilidad de este proyecto?", se ha preguntado, al tiempo que ha pedido corresponsabilidades al Banco Europeo de Inversiones.
"Nos subestima", ha respondido a las críticas Álvarez. "Analizamos el riesgo y damos respuesta. Nos equivocamos y como muestra de ello el banco provisiona entre 8.000 y 9.000 millones al año" por impagos y otras contingencias, ha indicado.
