Anticipa, fondo perteneciente a Blackstone, y el Ayuntamiento de Barcelona, regido por Ada Colau, han cerrado un acuerdo para mantener a las familias vulnerables en Hospital 99, un edificio situado en el Raval. El pacto evita así el desahucio de siete familias vulnerables pero no el desalojo de familias que no están en esta situación.
El fondo de inversión propietario del inmueble rehabilitará las viviendas, asumirá el alojamiento de las familias que allí viven mientras duren las obras y ofrecerá contratos de alquiler asequibles de siete años de duración. A cambio, el Ayuntamiento ofrecerá a las familias de Hospital 99 diferentes programas sociales y de ayuda al pago del alquiler, ya que en caso de impago correrá el Consistorio con las cuotas.
La concejal de Vivienda, Lucía Martin, ha asegurado que la cantidad pública destinada a estas familias será diferente e irá en función de las necesidades de cada caso. Las otras tres viviendas situadas en el mismo bloque se pondrán en alquiler a precios de mercado, una vez se haya rehabilitado.
"Corresponsabilizar a un fondo de inversión"
"El Ayuntamiento consigue por primera vez, y sin herramientas legales a su favor, corresponsabilizar a un fondo de inversión en la solución residencial de familias en situación de vulnerabilidad", ha asegurado el gobierno de Colau en un comunicado.
El pacto se ha anunciado el mismo día en el que se iba a proceder al lanzamiento por impago en las cuotas. El acuerdo implica la corresponsabilización de la sociedad Antidicipa Real Estate SLU en la solución del problema residencial de las familias de Hospital 99.
El gobierno de Colau remarca que el fondo se ha responsabilizado de la situación sin estar obligado a ello, pero sí que ha existido "mediación de los equipos municipales" para lograr mantener en el inmueble a estas siete familias. Con esto, se ha evitado su "expulsión" en uno de los barrios más gentrificados de la ciudad, y se consigue que la mayor parte del edificio se alquile a precios por debajo de mercado. De hecho, las familias no pagarán más del 30% de sus ingresos mensuales.
Según el Ayuntamiento, las negociaciones se han llevado a cabo de forma intensa las últimas semanas con el objetivo de parar los planes iniciales de esta empresa, que pasaba por el desalojo de todos los inquilinos, rehabilitar el inmueble y venderlo a precio de mercado.
