“Bulero profesional”. 1. Dícese de todo aquel que informe objetivamente, con datos contrastados y rigor, sobre las investigaciones penales que pesan sobre Begoña Gómez. 2. Dícese de la persona adscrita a cualquier organización ultraderechista que denuncie ilegalidades en el seno del PSOE, excepción hecha de militantes del PSOE a los que su propio partido decide condenar preventivamente expedientándolo sin un previo proceso de escucha, o sin procesamiento, juicio o sentencia. 3. Dícese de los periodistas que no incluyen en sus informaciones lemas oficiales como “España avanza” o “no caso”. 4. Dícese de cualquier ciudadano que en redes sociales cuestione el sanchismo como ciencia exacta y modelo de honestidad. 5. Dícese de quien ose sugerir que la democracia está quedando indefensa mediante un proceso progresivo de colonización de las instituciones hasta vaciarlas de contenido. 6. Dícese de los ministros que niegan haber hablado con comisionistas poniendo sus manos en el fuego aunque la evidencia los desmienta. 7. Dícese de la UCO de la Guardia Civil con cualquier informe que no apunte a la inocencia virginal de todo cargo del PSOE. 8. Dícese de quien justifica el borrado de contenidos en teléfonos móviles por criterios de seguridad cuando su autor es ideológicamente afín, pero otros borrados similares son una destrucción deliberada de pruebas a martillazos cuando los comete cualquier otra persona.
El Gobierno ha anunciado una profunda reforma legal del llamado ‘derecho de rectificación’ para combatir los abusos de periodistas y activistas de las redes sociales al difundir informaciones inexactas y onerosas para los aludidos. Conviene partir de la base de definir qué es un bulo hoy en España. Convengamos que es toda aquella publicación de información desfavorable para el Gobierno, y que no lo es toda aquella mentira difundida por el Consejo de Ministros para convertir en creíble lo que la evidencia palmaria dicta que no lo es. Buleros e intoxicadores son los periodistas, pero no es bulera ni intoxicadora la ministra que sostiene sin rubor que la Audiencia de Madrid da la razón a Begoña Gómez y no al juez que la investiga. Por poner un caso.
Félix Bolaños nos presenta a una cohorte de ciudadanos de buena fe indefensos ante una Prensa que a base de mentiras sistemáticas se ha propuesto desprestigiar al presidente del Gobierno y derrocar la democracia mediante la difusión de trolas o la manipulación de los hechos. Y ante este cáncer que hace enfermar a las sociedades libres, algo hay que hacer, naturalmente. Por eso, la fábrica de ideólogos se pone en marcha. Tiene que ser algo que pueda presentarse como la creación de una nueva libertad a la que nadie pueda oponerse, pero que en realidad oculte una restricción de derechos. Y al alguien se le encendió la bombilla: ¿por qué no imponer un nuevo derecho de rectificación que en la práctica obligue al periodista, por ley, a desmentirse a sí mismo por muy cierto que sea lo que publica?
Un bulo es un derecho fundamental cuando lo difunde el Gobierno, pero es un retroceso antidemocrático cuando lo hace la Prensa
En su presentación, Bolaños no dedicó una palabra a la libertad de prensa, a la deontología profesional, a la labor investigadora de los periodistas, o a la defensa del rigor informativo. Olvida el PSOE cuántas veces ha utilizado a la Prensa para sus campañas de difamación y señalamiento, para vulnerar la presunción de inocencia de un rival, para filtrar datos confidenciales, para la difusión de pruebas secretas en causas penales, o para el señalamiento de personas con penas de telediario. Un bulo es un derecho fundamental cuando lo difunde el Gobierno, pero es un retroceso antidemocrático cuando lo hace la Prensa. El silogismo aboca a un fraude iliberal.
Los pilares de esta argumentación son perversos. Los periodistas tendrán vetado lo que sí se consiente a los políticos, y todo ello justificado sobre la idea de que el Gobierno es rehén de una conspiración universal. Olvida también el Gobierno que el Código Civil en vigor ya permite la sanción judicial de periodistas que conculcan derechos como la intimidad o el honor. Y que el Código Penal hace lo mismo cuando un periodista incurre en insultos, injurias o calumnias. Que ya hay sanciones para periodistas por informaciones malversadoras de la realidad, por inventar datos refugiándose en fuentes inconcretas, o por mentir eludiendo el rigor y el contraste de datos. De nuevo, el Gobierno cree que, antes de él, en España no había leyes, ni garantías, ni avances, ni progreso. Rescatan a la España cejijunta y la liberan del taparrabos. Otra vez descubren el Mediterráneo con el argumento tan buenista como falaz de que necesita quitar las cadenas a una ciudadanía mal informada y manipulada a la que alguien tiene que mostrar la luz salvadora hasta guiarle por la senda correcta.
¿Olvida el PSOE cuántas veces ha utilizado a la Prensa para sus campañas de difamación y señalamiento, para vulnerar la presunción de inocencia de un rival o para filtrar datos confidenciales?
Y todo ello, con la gran novedad de fondo: la suplantación de los jueces por órganos administrativos que a fin de cuentas decidan quién es buen periodista y quién no. En el plan subyace la idea de que es un Gobierno, el que sea, quien decide qué información es exacta o fundada. Y no lo hace en función de criterios informativos, sino disuasorios, de modo que una información veraz podrá llevar aparejada una coletilla de cualquier aludido denunciando como mentira malintencionada lo que sencillamente es verdad. En definitiva, se vende como un derecho lo que no es sino una censura camuflada basada en el amedrentamiento del periodista y, en última instancia, en la conculcación de garantías constitucionales reconocidas como la libertad de prensa, de expresión y de opinión.
No es la liberación de una sociedad maleada a conciencia por el yugo de periodistas perversos. Es el señalamiento de periodistas a los que se marca como conspiradores para poder imponer el pensamiento único y las medias verdades de un Gobierno frente a las verdades objetivas de jueces, fiscales, policía judicial, periodistas o fuentes documentales… Fuentes documentales en las que hasta los propios aludidos vienen a presumir de sus propios delitos con una ingenuidad pasmosa. Más cianuro. Lo que se regula es la manera de convertir al periodista en un sumiso asustadizo que termine blanqueando la no-verdad en aras de una sociedad que, en su indolencia, está dejando de ser un poco más libre cada día. Pero sí. España avanza.
