El fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre la llamada trama rusa del 'procés' por el que ordena al juez Aguirre a archivar la causa deja con pocas opciones al Tribunal Supremo. El alto tribunal tiene pendiente pronunciarse sobre la exposición razonada elevada por el instructor del caso Voloh, relacionado con los vínculos de varios líderes independentistas y Rusia, por la que pedía investigar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al diputado de Junts, Francesc de Dalmases.
Según informan fuentes jurídicas, el carpetazo de la audiencia provincial da paso a que el Supremo rechace investigar a Puigdemont por un presunto delito de alta traición, malversación y pertenencia a grupo criminal. La pieza separada abierta por el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, bajo el 'CATMON-IGMAN', suponía la única causa viva que atribuía al líder de Junts un delito de alta traición, uno de los tipos penales que habrían quedado excluidos de la ley de amnistía con la que los líderes independentistas buscan exonerar su responsabilidad por el 'proces'.
En concreto, el delito de traición se sitúa fuera del marco de aplicación de la norma impulsada por el Gobierno de Sánchez "siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España", en los términos que establecen la Carta de las Naciones Unidas y "los principios de derecho internacional". En este sentido, el juez Aguirre defendió en el escrito elevado al Supremo que "la concertación con una potencia extranjera para favorecer la secesión de una parte del territorio español constituiría un delito de traición, puesto que del relato efectuado queda indiciariamente acreditado que se han utilizado elementos de la guerra híbrida".
Tras una larga exposición sobre qué es una guerra híbrida y cuáles son los elementos que la componen, el juez explicaba en la exposición razonada enviada al alto tribunal que las vías de injerencia en Occidente en 2017 fueron la "influencia directa en políticos y decisores públicos". El magistrado sostenía en su escrito que la investigación había podido acreditar que varios altos cargos del Govern "mantuvieron contactos con individuos cercanos a los servicios de inteligencia rusos y al gobierno de la Federación de Rusia", entre ellos el entonces presidente autonómico, lo que "habría facilitado y reforzado considerablemente el proceso de injerencia rusa".
Ahora, el fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona ordena por segunda vez a archivar la causa después de que el instructor decidiera abrir otra pieza separada para seguir investigando las conexiones del proceso de autodeterminación iniciado en 2014 y el Kremlin, después de que la instancia superior frenara esa causa al considerar que no estaban justificadas las dos últimas prórrogas. Según detallan fuentes jurídicas, el nuevo portazo limita las opciones de que el alto tribunal abra causa contra Puigdemont por estos hechos y, por tanto, se agotan las vías para investigar al expresidente catalán por alta traición. Una de las opciones contempladas para revertir la situación actual sería que algunas de las partes recurriese en apelación la sentencia de la audiencia, un escenario remoto puesto que el fallo actual parte del recurso presentado por varios de los imputados.
Los magistrados de la Sección 21 mantienen en su escrito que la apertura de una pieza separada no tenía razón de ser, puestos que esos mismos hechos ya fueron investigados en la causa principal la cual debió ser archivada tras el fallo anterior de la audiencia de Barcelona. En este sentido, el tribunal afea al instructor que la decisión de acordar la apertura de una pieza separada respondía más a un "subterfugio procesal" para no acatar su resolución anterior. Añade el fallo que el juez Aguirre llegó a plantear "imaginativas soluciones alternativas" para señalar a Puigdemont y Mas, y tilda la maniobra de "fraude de ley".
En consecuencia, la audiencia provincial da traslado de su resolución al alto tribunal para su conocimiento y para los efectos que considere oportunos respecto de los investigados aforados, el expresidente catalán Carles Puigdemont y el diputado de Junts, Francesc de Dalmases. La pelota se posa sobre el tejado del Tribunal Supremo que podrá poner el último clavo a la causa dirigida por el juez Aguirre.
