Los problemas de inseguridad en Barcelona suelen acaparar la atención mediática. No en vano, estos representan la principal inquietud de sus habitantes, seguida de cerca en los últimos tiempos por el acceso a la vivienda. Una percepción, además, avalada por los datos. Según Eurostat, la capital catalana es la ciudad europea con más robos de toda Europa. Y, de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, su tasa de criminalidad es un 50% mayor que la de Madrid. Pero, pese al protagonismo de la capital catalana, el fenómeno de la inseguridad es una mancha a día de hoy extendida al conjunto de Cataluña, cuyas principales ciudades se cuentan entre las más peligrosas de todo el territorio español.
Y es que, si tras las turbulencias del 'procés', Cataluña dejó de ser la "locomotora de España" en materia económica —como solía repetir el catalanismo—, en la actualidad se encuentra a la cabeza del desacreditado 'ranking' de la inseguridad. Según cifras recabadas por Interior y el Instituto Nacional de Estadística en 2023 y elaboradas por el portal datoscrimen.es, las once ciudades con mayor tasa de robos con violencia e intimidación se concentran en la comunidad catalana. La primera de ellas es la mencionada Barcelona, que con 823,9 robos por 100.000 habitantes rebasa en seis veces la media nacional. Tras la capital, aparecen otras tan conocidas como Hospitalet de Llobregat, Badalona, Mataró o Sant Adrià del Besòs, cuyo barrio La Mina presenció la semana pasada un tiroteo masivo de 150 disparos.
Precisamente, a raíz de este espectacular suceso y de la preceptiva visita a la zona, Salvador Illa sentenció que "no hay impunidad en Cataluña" y que "quien la hace, la paga", anunciando una próxima Junta de Seguridad para abordar el problema. Pero esta percepción se antoja alejada de la experimentada por la ciudadanía. Así lo evidencia la manifestación que tuvo lugar ayer contra la inseguridad en el barrio barcelonés de La Verneda Alta, cuyos vecinos protestan porque las "ocupaciones, la delincuencia, la suciedad y el abandono" han convertido su vida en una "pesadilla". "Ya hemos intentado dialogar, pero nos siguen dando la espalda", advirtieron en X a través de la plataforma La Verneda Denuncia. Y añadieron: "Es hora de actuar".
Sanciones a las patrullas
Una consigna que parecen haber seguido otros vecinos de la Ciudad Condal como Eliana Guerrero. Se trata de una activista que, desde hace doce años, patrulla las instalaciones y los vagones del metro de Barcelona junto a otros ciudadanos para alertar a los viajeros de inminentes robos a través de silbatos. Y cuyas acciones han alimentado una polémica esta semana al haber sido multadas por el Metro de Barcelona con 300 euros por "molestar al pasaje" con sus pitidos. También motivo de controversia han sido las actuaciones de patrullas vecinales en el barrio de Bon Pastor. Allí, un grupo de vecinos, tal y como mostraba un vídeo compartido por Vox, recorrió sus calles el pasado verano con objeto de "echar a todos los menas" de la zona. Y similares iniciativas han proliferado el último año en otras poblaciones, tanto grandes (Tarragona) como pequeñas (Sant Just d'Olius, en Lleida).
El Govern, sobre todo tras los sucesos de La Mina, ha insistido en su compromiso para atajar con esta crisis de inseguridad. Y la semana pasada, junto al ministro Bolaños, anunció que su plan contra la multirreincidencia —cuya medida estrella es la apertura de cinco nuevos juzgados en Barcelona— estaría ya operativo a finales de febrero. Un plan criticado por insuficiente por el 'popular' Daniel Sirera, líder de la Oposición en Barcelona —epicentro del problema—. Sirera, además reclamar 1.000 nuevos agentes de la GU y 3.000 de los Mossos, subrayó recientemente la necesidad de modificar el Código Penal para liquidar la multirreincidencia, un endurecimiento de las penas que el PP nacional llevó al Congreso pero cuya tramitación, denuncia, lleva meses bloqueada por Sánchez.