El triunfalismo socialista ante el tope al alquiler ha tenido lugar por partida triple. Después de cumplirse un año de la ley de vivienda, cuyo control al alquiler ha aplicado exclusivamente Cataluña, el Gobierno anunció que los precios habían caído un 3,7% en el conjunto de la comunidad catalana y un 6,4% en Barcelona, unas cifras que la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez no dudó en calificar de "éxito". Y animó a las comunidades gobernadas por el PP a adoptar la fórmula. Mientras, el 'president' Illa celebró tan "buenos y positivos" resultados recordando el papel "pionero" de Cataluña en aplicación de la ley. Por su parte, el alcalde barcelonés, Jaume Collboni, abundó en una consigna que ha reiterado varias veces con respecto a su plan inmobiliario en la capital catalana: "Estamos cambiando las reglas del juego".
Sin embargo, y aunque según Rodríguez estas cifras están acallando a los "pregoneros del apocalipsis", lo cierto es admiten lecturas muy distintas a las enarboladas por el Ejecutivo. En primer lugar, catalogar como Zonas de Mercado Residencial Tenso (ZMRT) —zonas en las se aplica la limitación de precios del arrendamiento— a un total de 271 municipios catalanes ha tenido como correlato una reducción sustancial de la oferta. Casi un 40% de los propietarios han retirado sus viviendas del mercado del alquiler, de los que un 6% lo ha hecho para venderlas o dejarlas vacías, mientras el 33% las ha destinado a alquiler de temporada, vacacional o por habitaciones. Y todo indica que esta tendencia va al alza —según el portal Fotocasa, el porcentaje citado aumentará hasta el 42%—.
Este escenario no ha sorprendido a los promotores de vivienda. La Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE) ha recordado que ya advirtió de que este tipo de "medidas intervencionistas" agravarían la situación, jibarizando la cifra de pisos en alquiler y sin lograr abaratar de manera significativa las rentas. En este sentido, ha hecho hincapié en que, además de la menguar la oferta existente, la "práctica totalidad de los proyectos de 'build to rent 'que estaban previstos hacer en Cataluña han acabado pasando a la venta". Y auguran que la injerencia estatal provocará una huida de inversores a otras comunidades y pondrá en peligro la rehabilitación de edificios para alquilar. Entre las razones que explican, a su juicio, este panorama, figuran la inseguridad jurídica y la reducción del margen de maniobra de los propietarios.
Sin éxito en Europa
Y es que, tal y como relató el mes pasado su presidente, Xavier Vilajoana, en un diálogo con el comisionado de Vivienda de Barcelona, Joan Ramon Riera, los "países europeos que lo han aplicado, no han logrado que los alquileres bajen", por lo que instó a las autoridades a fomentar la oferta en lugar de la reducción de precios —dada que lo primero redundará en lo segundo, según APCE—.
Por añadidura, la publicitada caída de la renta no ha tardado en ser puesta en tela de juicio. Según cifras difundidas ayer por el portal Fotocasa, el precio de las viviendas en régimen de alquiler ha aumentado un 0,5% respecto a la tasa mensual y un 12,5% en la interanual. Esto se traduce en que, en el último año, el precio por metro cuadrado ha pasado de 16,45 euros en febrero de 2024 a 18,50 en el mismo mes del presente año. Un incremento que la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Martos, atribuye a que la normativa implementada en Cataluña "desincentiva" a los propietarios a mantener sus viviendas en el mercado de arrendamiento, imbuidos de "malestar y desconfianza". Con todo, los más perjudicados, a su juicio, son los inquilinos con menor "capacidad económica" para hacer frente a unas condiciones cada vez más estrictas.
