El pulso está en su clímax mientras la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, apura las negociaciones con el portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, para evitar un voto negativo de CiU a las cuentas estatales que se debaten a partir de este martes en el Congreso. Si los nacionalistas catalanes no retiran en el último segundo, como han hecho otras veces, su enmienda a la totalidad de los Presupuestos, significaría que han iniciado un desenganche del PP en Cataluña y también del Gobierno que preside Mariano Rajoy. Si se abstienen o votan a favor del proyecto de ley, las relaciones entre CiU y el PP estarían todavía a salvo, la opción más deseada por la mayoría del empresariado catalán.
Las fortalezas del Gobierno están claras: está en sus manos avalar las cuentas autonómicas que Cataluña volverá a remitir al ministro Cristóbal Montoro la semana que viene, podría llegar, incluso, a intervenir a esta comunidad autónoma por no respetar la ley de Estabilidad y, en último extremo, podría no ayudar a Cataluña a encarar los vencimientos de deuda que tiene pendientes este ejercicio: 6.500 millones de euros de un total de 11.250 para el conjunto de las comunidades autónomas. El nacimiento de los famosos ‘hispabonos’ es la llave para responder a estos vencimientos.
Cataluña puede alterar el ciclo electoral previsto por Rajoy si Mas anticipa las urnas
Las fortalezas de la Generalidad que preside Artur Mas también son evidentes, aunque menores: puede rechazar los Presupuestos estatales que mañana se someten a votación en el Congreso, dejando que Mariano Rajoy asuma los ajustes en solitario, puede convocar un referéndum con el llamado ‘pacto fiscal’ en el epicentro de la relación Madrid-Cataluña y, en último extremo, puede anticipar las elecciones autonómicas, rompiendo así el año de gracia del que se puede beneficiar el Gobierno dentro de un ciclo político que incluye a Galicia y al País Vasco como próximas citas electorales para dentro de un año.
Los argumentos de Hacienda para rechazar el cambio de cromos que CiU ofrece para no votar en contra de los Presupuestos estatales son nítidos: las arcas estatales no pueden hacer frente a la disposición tercera del Estatuto catalán, que obligaría al pago de 759 millones de euros pendientes desde 2008 y a 219 añadidos procedentes del ejercicio 2009. Si la Generalidad no prescinde de esta última partida en su último ajuste contable, Hacienda volverá a rechazar las cuentas autonómicas, como ha hecho también con Andalucía, colocando a esta comunidad al borde de la intervención.
La comunidad valencia se sitúa en el foco principal del riesgo de intervención
De las fortalezas de cada parte derivan también sus debilidades, se opina en fuentes del PP y de CiU. La más preocupante para el Gobierno central es en estos momentos la posibilidad de que se acreciente la desconfianza en los mercados por las cuentas autonómicas. De ahí la firme decisión de Hacienda de llegar hasta el final en su advertencia de intervención. La comunidad valenciana que preside Alberto Fabra se sitúa ahora en el foco principal de este riesgo, debido a sus enormes dificultades para financiarse en los mercados.