Un CDR acusado de desórdenes públicos y de atentado a agente de la autoridad ha aceptado una condena de dos años por su participación en unas protestas contra el traslado de los líderes del "procés" a cárceles de Madrid, lo que le evitará su ingreso en prisión, aunque deberá pagar una indemnización a dos mossos que sufrieron lesiones.
En la Sección segunda de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado el juicio de conformidad contra Roger G. acusado de desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad y de dos delitos menos grave de lesiones a dos mossos por su participación en los incidentes ocurridos el 1 de febrero de 2019 durante las protestas por el traslado de los líderes del "procés" de las prisiones catalanas a las de Madrid para asistir al juicio en el Tribunal Supremo.
Ese día, un grupo reducido de unas 150 personas, entre las que se encontraba el acusado, protagonizaron altercados frente a varios edificios gubernamentales, tanto del Estado como de la Generalitat, enfrentándose a la línea policial que los protegía, contra la que lanzaron diferentes objetos, como petardos.
Durante esos incidentes, dos agentes de la policía catalana sufrieron lesiones leves, uno de ellos con una fractura en un dedo que tuvo inmovilizado durante seis semanas y que requirió rehabilitación y, mientras el otro mosso recibió un golpe en la muñeca y en la mano izquierda.
Alegó un trastorno psíquico
Al inicio del juicio, que finalmente no se ha celebrado, la defensa de Roger G. ha presentado un informe médico conforme el joven sufría un trastorno psíquico en el momento de los hechos, que ha aceptado el ministerio fiscal al considerar que ello afectó a su "capacidad intelectiva".
El ministerio público, así, ha modificado sus peticiones iniciales, que sumaban un total de seis años de prisión -dos por el delito de desórdenes públicos cometido en una reunión numerosa y cuatro por el de atentado a agente de la autoridad- rebajando su solicitud a seis meses por el primero de los delitos y a un año y seis meses por el segundo.
Para esta rebaja de las peticiones de pena de prisión iniciales, el ministerio fiscal ha aplicado el atenuante de "alteración psíquica" y el de reparación de daño parcial, puesto que el acusado ha hecho un primer pago de 500 euros.
Tras admitir los hechos, el joven ha aceptado esta condena de dos años de prisión en una sentencia firme y no recurrible, y cuya ejecución la juez ha suspendido, de manera que el acusado no entrará en prisión ya que se ha tenido en cuenta que no tiene antecedentes penales.
