La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido archivar el 'caso Delcy' tal y como le pidió la Fiscalía del alto tribunal. Los jueces alegan que el incumplimiento de las decisiones de política exterior de la UE está sometido a control político, pero no a responsabilidad penal. El Departamento que dirige Dolores Delgado se oponía a que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fuera investigado en el Tribunal Supremo por su encuentro secreto en enero con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que desveló Vozpópuli.
El ministerio público argumentaba que las acciones emprendidas por tres partidos políticos se basan en informaciones periodísticas. Añade que no hay pruebas que demuestren que la intervención de Ábalos fuera “más allá de lo estrictamente diplomático” y da por buena la versión del Gobierno de que la mandataria no llegó a pisar suelo español, sino que permaneció en zona de tránsito del aeropuerto de Barajas.
Por estos hechos se querellaron en el Tribunal Supremo Vox y en primer lugar una formación llamada Partido Laócrata. Acusaban a Ábalos de un delito de prevaricación al haber permitido hacer escala en España a la dirigente bolivariana cuando tiene prohibido su paso por territorio europeo desde 2017 por orden del Consejo de la Unión Europea, que le acusa de violar derechos humanos en su país. Una prevaricación de este tipo se castiga con una inhabilitación de hasta 15 años, según el artículo 404 del Código Penal.
La formación que lidera Santiago Abascal planteó también una posible omisión del deber de perseguir delitos y usurpación de atribuciones, pero el informe fiscal zanja que lo hace “sin fundamento alguno”. Estos dos delitos están castigados en el Código Penal con una inhabilitación de hasta dos años o una pena de cárcel de hasta tres años, respectivamente. Además, Ciudadanos presentó por su parte una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que también queda despachada con este escrito con fecha del pasado jueves. Responde así a la petición de información que le hizo el Supremo antes de tomar una decisión definitiva sobre si abre una causa penal o archiva el caso.
