Terremoto en el sistema educativo. El profesorado aún estaba digiriendo el anuncio del Ministerio de Educación sobre la eliminación del requisito de formación de posgrado para trabajar como docente en colegios e institutos en el marco de la pandemia, cuando este martes el Consejo de Ministros dio luz verde a otra polémica iniciativa: que los alumnos puedan pasar de curso sin límite de suspensos.
Lo hizo a golpe de Real Decreto Ley -en contra de la vigente Lomce- y este miércoles fue publicado en el BOE. El 'decretazo' ha abierto otro frente en la comunidad educativa, que ya se venía quejando, además de los contratos sin necesidad de máster docente, de la tramitación de la llamada 'Ley Celaá' en el Congreso en plena emergencia sanitaria.
Lejos de generar consenso, la norma ha sido objeto de numerosas críticas y de un total de 1.165 enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios.
La promoción de cursos con suspensos no es una idea nueva del actual Gobierno. En condiciones normales, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) fija en tres suspensos en Secundaria y dos en Bachillerato los máximos para poder promocionar. Siempre que las asignaturas que no se han superado sean Lengua y Matemáticas.
En manos de las comunidades autónomas
El pasado abril, el Ejecutivo ya publicó una orden en el BOE que permitía saltar de curso a los alumnos con más asignaturas suspendidas de lo que contempla la actual ley de Educación si así lo concedían los centros educativos.
Ahora, Educación vuelve a retirar el límite de suspensos para poder pasar de curso en el contexto de la pandemia de coronavirus. Según el nuevo Real Decreto Ley aprobado este martes, será el equipo docente el que evalúe y tome la decisión sobre si un estudiante ha alcanzado los objetivos, independientemente del número de materias que haya aprobado.
Por aquel entonces Celaá insistió en que en ningún caso se trataba de un aprobado general, porque los equipos de evaluación de profesores podían imponer al alumnado la necesidad de repetir el curso, aunque esto sería siempre "la excepción".
Las comunidades autónomas, según concreta el Gobierno, podrán autorizar este curso 2020-21 la modificación de "los criterios de evaluación" previstos para cada curso y, en su caso, para cada materia. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional, "sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la ESO y en el Bachillerato".
ANPE denuncia "dejación de funciones" del Ministerio de Educación
Varios sindicatos docentes han puesto el grito en el cielo. ANPE ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no convaliden los artículos relativos a la promoción y titulación del alumnado.
"Queremos denunciar la dejación de funciones por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es competencia del Estado la expedición de títulos académicos como recoge el artículo 149.1 de la Constitución. Los criterios de promoción y titulación deberían ser comunes para todo el territorio nacional, como son hasta ahora", destaca
Para ANPE, no se puede dejar al albur de las autonomías la regulación de los criterios y trasladar la responsabilidad de modificarlos a los centros y equipos docentes. "No solo se quiebra el principio de inseguridad jurídica, sino que también se vulneraría el principio de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de residencia, podrá contar con condiciones distintas de promoción y titulación", advierte.
Los docentes de ANPE consideran que el Gobierno está trasladando un mensaje contrario a los valores de esfuerzo y mérito del alumnado. "Buscar la promoción y la titulación automática del alumnado, sin considerar el número de materias no superadas, no es la solución contra el fracaso escolar ni son medidas útiles para contrarrestar los efectos negativos que, a nivel académico, está produciendo la pandemia", critica.
CSIF pide la dimisión de Celaá por "ocultar" el Real Decreto Ley
En la misma línea, CSIF ha exigido al Gobierno que se concrete el número de materias suspensas para poder pasar de curso, tal y como se ha venido estableciendo en las leyes educativas, y que no se deje a criterio de cada centro. A su juicio, esta medida provocará desigualdades.
CSIF pide la dimisión de la ministra de Educación por "ocultar" al Consejo Escolar y a los representantes de los trabajadores estas medidas contempladas en el Real Decreto Ley. El sindicato asegura que durante la Mesa Sectorial de Educación de este pasado lunes, en la que Celaá reunió a las principales organizaciones sindicales, el ministerio no presentó dicho Real Decreto Ley. Denuncian también que la norma no ha recibido el aval del Consejo Escolar del Estado.
El sindicato STES considera que el Ministerio ha dejado de nuevo en manos de las comunidades autónomas una competencia que corresponde al Gobierno central.
Algunas comunidades ya se han pronunciado en contra de la medida del Gobierno. Es el caso de Castilla- La Mancha. La consejera de Educación de la región aseguró que ningún alumno podrá pasar de curso con asignaturas suspensas, pese a la autorización para hacerlo aprobada por el Ejecutivo de Sánchez.
CICAE: "No podemos rebajar el nivel educativo"
Desde CICAE están a favor de un cambio en el diseño de la evaluación, adaptado al nuevo modelo educativo fruto de la crisis sanitaria, pero no de hablar de aprobados y suspensos.
"No es positivo que los alumnos reciban a comienzo de curso el mensaje de la promoción a pesar de los suspensos. Tampoco lo es que no se haya consensuado con las comunidades autónomas, pues la educación es un derecho esencial que no puede someterse a vaivenes ni generarse aún más incertidumbre, sobre todo en situaciones de crisis como la actual", denuncian.
No podemos rebajar el nivel educativo, señalan, porque condicionaremos el futuro académico de los alumnos. "No podemos permitir que esta generación vea mermado el nivel educativo o la exigencia para promocionar de curso, pues afectará a su futuro académico", concluyen.
CECE también se muestra "preocupada" de que se traslade un mensaje de "rebaja de la exigencia académica" y más desde el mismo comienzo del curso, según recogió Europa Press.
Lo sindicatos CCOO y UGT no ven "polémica" en ella. "Queremos huir de polémicas que más que a criterios pedagógicos responden a intereses de otra naturaleza", señala UGT en un comunicado.
