Cuando el pasado 10 de febrero el Gobierno de Mariano Rajoy anunció el primer esbozo de reforma laboral conocido, casi todas las patronales sectoriales y territoriales aplaudieron el texto empezando por CEOE. Pero hubo una que disintió: la patronal catalana Foment del Treball, de la que procede el presidente de CEOE, Juan Rosell. Foment la calificó de “demasiado limitada y desigual, teniendo en cuenta la magnitud de los retos de la crisis actual” e instó a los grupos parlamentarios a mejorarla con sus aportaciones.
Ayer, tres meses y medio después, la reforma del mercado de trabajo afrontaba un trámite crucial, como lo era su aprobación en la Comisión de Empleo del Congreso para después viajar al Senado y recibir el visto bueno. Durante el larguísimo debate y la no menos exasperante votación, el PP aceptó 26 enmiendas, la mayoría procedentes de Convergència i Unió: un guiño a la última patronal rebelde para indignación de los partidos de izquierda y sindicatos, que ven en los cambios introducidos por CiU un endurecimiento de la reforma laboral. Las modificaciones son un traje a la medida de Foment.
Las enmiendas, por lo general, no modifican el sentir general del antiguo texto, cuya filosofía CiU siempre ha compartido abiertamente. Ahora bien, uno de los cambios toca directamente a las competencias de la Generalitat. Concretamente, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, celebraba antes de la votación el principio de acuerdo con el PP, que establece “que el Govern tendrá más libertad para gestionar políticas activas de empleo”, algo que enlaza directamente con el patrimonio de la formación profesional.
La norma se endurece por momentos. Así, aumentan el doble las horas que dispone el empresario para distribuir irregularmente entre cada trabajador, hasta el 10% (180 horas al año); se definen mejor las causas de despido objetivo: los tres trimestres consecutivos de caída de ingresos que sirven tanto para despedir con 20 días como para propiciar el descuelgue al convenio de empresa se determinan con relación al trimestre del año anterior. No cabe la comparación intertrimestral, como muchos pensaban.
No obstante, no se repone, como pedía Convergència, la autoridad laboral que apruebe los despidos: en su lugar, la autoridad –la comunidad autónoma de turno, generalmente- se limita a constatar que han existido causas de fuerza mayor para aprobarlos. La decisión última la mantiene el juez.
El PP también acordó con CiU que el contrato indefinido para autónomos y pymes de menos de 50 trabajadores (con un periodo de prueba de un año y sin indemnización por despido durante ese tiempo) pueda realizarse hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15 %. Todo eso y un ramal de bonificaciones fue lo más destacado de una jornada que llega a su cénit institucional pero no social: los sindicatos amenazan ahora con inflamar la calle.
