España

Las citas de Begoña Gómez en Moncloa y los contratos a su socio: los indicios que salpican a Sánchez

El tráfico de influencias que se le imputa a su mujer propicia su citación y abre la veda para investigar si hubo prevalimiento para beneficiar a Barrabés con las adjudicaciones públicas

  • El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este miércoles en el Congreso, donde ha presentado el plan de calidad democrática -

La onda expansiva de la causa contra Begoña Gómez ha acabado por salpicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juez que investiga a su mujer por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha activado los mecanismos para tomarle declaración como testigo en Moncloa por muchas cuestiones que se van sumando a la causa, aunque con un único objetivo: esclarecer si hubo prevalimiento del cargo para beneficiar a los nuevos imputados.

La causa que arrancó el 16 de abril por una denuncia de Manos Limpias se ha convertido apenas cien días después un procedimiento que suma tres imputados y una decena de testigos, de entre los que destaca Pedro Sánchez. Aunque las diligencias parecieron quedar en punto muerto tras la irrupción de la Fiscalía Europea, el juez Juan Carlos Peinado ha abierto varias líneas de investigación que han terminado por confluir en la figura del líder del PSOE.

El primero de los indicios lo constituye la declaración que prestó la semana pasada Carlos Barrabés. Este consultor aragonés era la pieza clave de la causa puesto que la misma arrancó precisamente a raíz de las cartas de apoyo que Begoña Gómez firmó para que se adjudicara contratos públicos de la Administración que dirige su marido.

Las reuniones en Moncloa

Desactivada la investigación de las principales adjudicaciones, que se la llevó la Fiscalía Europea al costearse con fondos comunitarios, el juez abrió la veda a incluir nuevos contratos. La UCO recopiló expedientes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Red.es y también del Ayuntamiento de Madrid al empresario. En concreto, su firma Innova Next se adjudicó casi 23 millones de euros con estas licitaciones.

Aunque la Guardia Civil insiste en que no hay irregularidad en los procesos de adjudicación, el juez tiene la vista puesta en el momento anterior a este trámite; esto es, a si hubo algún tipo de directriz para concederle estos contratos. Por ese motivo, intentó escuchar primero Barrabés, antes incluso que a la única imputada hasta hace unos días, Begoña Gómez.

La hospitalización del empresario frenó durante semanas la diligencia, pero finalmente el juez le escuchó el lunes 15 de julio. En su testifical, practicada por videoconferencia desde casa, asestó el primer golpe a Pedro Sánchez al decir que mantuvo unas ocho reuniones con Begoña Gómez, en dos de las cuáles participó su marido. Tras estos encuentros, se concretaron las adjudicaciones.

Begoña Gómez firmó el documento de su cátedra en la UCM un mes después de registrarla a su nombre

El otro indicio que apuntó también a Moncloa lo aportó apenas tres días antes el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache. El juez le citó al abrir una nueva línea de investigación relativa a la creación del máster y la cátedra que dirigió Begoña Gómez sobre Transformación Social Competitiva (TSC).

A falta de que la Audiencia Provincial de Madrid determine los límites de este procedimiento, el juez indaga el proceso de creación de la cátedra, dado que en torno a la misma se produjo otra reunión en el lugar de residencia del presidente del Ejecutivo. Goyache, que se desligó del proceso de creación de la cátedra, dijo que acudió a Moncloa a raíz de una llamada de la secretaria de Begoña Gómez.

El tráfico de influencias

El encuentro se produjo en julio de 2020 y la cátedra se formalizó tres meses después, tal y como ha informado Vozpópuli. En 2022 Begoña Gómez registró a su nombre la plataforma de la cátedra, movimiento que ha llevado a la Universidad a pedir al juez que investigue una posible apropiación indebida por tres facturas relacionadas con el software de la plataforma superiores a los 100.000 euros.

Con este caldo de cultivo el juez ha tomado dos decisiones clave que marcarán el futuro del procedimiento: de un lado, ha cambiado la condición de testigos de Juan Carlos Barrabés y de Joaquín Goyache para imputarles en la causa y, de otro, ha citado al presidente del Ejecutivo. Los dos primeros están citados el 29 de julio y Sánchez para un día después.

El juez acordó estas citaciones el pasado viernes; día en que compareció su mujer y los dos vicerrectores de la Universidad Complutense. Tanto el silencio de la primera como las confesiones de los segundos sirven de argumento a Juan Carlos Peinado para citar al presidente del Gobierno. Su finalidad no es tanto dirimir corrupción en los negocios, sino un posible tráfico de influencias.

El Código Penal define en su artículo 404 bis b) que constituye delito la influencia de un particular en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público para obtener un beneficio económico.

Peinado ha abierto esta vía con el fin de esclarecer si se ejerció dicha influencia toda vez que Begoña Gómez es la mujer del presidente del Ejecutivo. En ese sentido, las reuniones en Moncloa se han convertido en un indicador esclarecedor de que las mismas podrían tener un sentido oficial.

Las opciones de Sánchez ante el juez

Por todo ello, el juez ha considerado "útil, conveniente y pertinente" escuchar ya al presidente del Gobierno, a quien convoca en la propia Moncloa amparándose en el artículo 412.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El mismo dictamina que a los cargos que tienen el privilegio de no tener que comparecer en el juzgado, se les puede tomar declaración en su domicilio o en su despacho cuando se trate de cuestiones "de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo". Cabe recordar que el presidente del Ejecutivo es uno de los cargos a los que la ley le permite no tener que comparecer ante un juez en caso de citación como testigo.

No obstante, sí se les obliga a declarar, aunque lo hagan por escrito. En este sentido, Sánchez podría dirigirse al juzgado para acogerse a este privilegio legal del que en el pasado han hecho uso otros miembros de su Ejecutivo.

Pero más allá del formato de la comparecencia, lo nuclear lo conforma el contenido de la misma. Al respecto, todo apunta que Pedro Sánchez haría uso del artículo 416 de la LECrim, que le exime de la obligación de declarar si es un "cónyuge" de la persona contra la que se dirige la causa. Por ello podría apelar a su matrimonio con Begoña Gómez para callar ante el juez que la investiga.

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