El Gobierno decreta un nuevo estado de alarma en todo el país siete meses después de que utilizara por primera vez una fórmula que debía ser "excepcional". Entre medias, se ha incumplido el anuncio de Carmen Calvo en mayo el Senado de una reforma legislativa para no tener que recurrir a ella; la promesa por escrito de Pedro Sánchez en junio a Inés Arrimadas a esa reforma y, finalmente, se ignoró en julio la reforma exprés que le propuso pactar "en 15 0 20 días" el líder de la oposición, Pablo Casado.
En vez de abordar durante el verano las reformas prometidas y anunciadas, el Gobierno ha preferido afrontar la pandemia, como denuncia hoy ABC, a golpe de 25 decretos leyes -una fórmula para casos de «extraordinaria y urgente necesidad»-. De ellos, 16 se tramitaron como proyecto para poder ser mejorados posteriormente con aportaciones y mejoras de los grupos, pero todos siguen bloqueados.
Especialmente sangrante es el caso de la ley "antipandemias", convalidada por decreto el 25 de junio con el apoyo del PP pero tramitada como proyecto para enmendarla y mejorarla. Hoy sigue frenada, como el resto, por la mayoría que apoya al Gobierno.
"La 'cogobernanza' es que Sánchez se lave las manos durante el verano, no afronte la reforma legislativa necesaria, gobierne por decreto y vuelva a declarar el estado de alarma siete meses después. Esta es la nueva normalidad". En la sede de uno de los principales barones del PP no se disimula el enfado por lo que consideran "una dejación de funciones" tras el triunfalismo de junio, "cuando Sánchez proclamó que se había vencido al virus" y mandó "a los españoles a disfrutar y a llenar las playas".
La 'cogobernanza' es que Sánchez se lave las manos durante el verano, no afronte la reforma legislativa necesaria, gobierne por decreto y vuelva a declarar el estado de alarma siete meses después. Esta es la nueva normalidad" dicen en una de las baronías del PP
Vuelve a decretarse ahora el estado de Alarma para dar cobertura legal a las CCAA en su lucha contra los rebrotes porque el Gobierno no ha cumplido lo que anunció en mayo en el Senado Carmen Calvo: una reforma legislativa -dijo- "para que no sea necesario volver a decretar el estado de alarma en el futuro si hay algún rebrote".
La falsa promesa de Calvo
Incluso, anunció a los portavoces de los distintos grupos de la Cámara Alta que el Ejecutivo pensaba modificar la ley de Salud Pública "para permitir al Gobierno tomar decisiones sobre confinamientos (lo que implica limitación de derechos fundamentales) sin necesidad de decretar la alarma". Cinco meses después, no hay ni rastro de esa reforma.
Pero también, el Gobierno ha incumplido lo que se prometió por escrito a Inés Arrimadas a cambio del apoyo de sus 10 diputados a la que iba a ser la última prórroga del estado de alarma. En uno de los seis puntos del documento que se firmó el 1 de junio quedaba negro sobre blanco que el Gobierno se comprometía a "las reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma”.
Era un 'plan b' jurídico que Ciudadanos se ufanó en presentar como una conquista que arrancaba por escrito a Sánchez. Hoy, Arrimadas vuelve a dar el apoyo de sus 10 diputados, y sus cuatro vicepresidentes autonómicos reclaman el estado de alarma. De la reforma legislativa que Sánchez les prometió por escrito tampoco hay rastro.
Ignoró la oferta de Casado
Pero la inacción del Gobierno a la hora de legislar para no tener que recurrir a la alarma tuvo un nuevo episodio en julio. Semanas después de que Sánchez proclamara textualmente que habíamos "vencido al virus", el jefe de la oposición le propuso negociar una reforma exprés de la ley Orgánica de Medidas de Salud Pública que permitiera lanzar medidas urgentes de cuarentena, limitar movimientos o confinar para hacer frente a una segunda ola.
La reforma, que según Pablo Casado podía haberse aprobado en las Cortes "en 15 ó 20 días con voluntad política de los dos principales partidos", hubiera permitido confinar zonas o comarcas a las CCAA o al Gobierno, siempre con autorización judicial, pero con más rapidez y eficacia y, sobre todo, sin necesidad de activar el estado de alarma. La oferta del PP fue ignorada.
La última propuesta, Feijóo
El pasado 10 de octubre, el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, firmó y remitió a Sánchez la propuesta de reforma de la ley orgánica de salud pública: «Imprescindible para dar seguridad jurídica y asegurar los derechos de los ciudadanos" ante la gestión de la pandemia.
Feijóo, en su escrito a Sánchez, advertía que el estado de alarma es una «medida excepcional», y no resulta «adecuado acudir a ella para el control sistemático y diario de la pandemia», por lo que le proponía una reforma para que las CCAA «tengan amparo legal por tener una legislación adecuada y suficiente para adoptar medidas». No ha habido respuesta oficial.
El resto de la historia de la 'cogobernanza' es conocido. Feijóo mostró su rechazo en el último Consejo de Salud Interterritorial a aplicar el toque de queda mediante el estado de alarma. También Madrid. Sánchez aplazó su anuncio 48 horas para esperar las peticiones por aclamación de unos Gobiernos regionales sin otro instrumento jurídico para aplicar confinamientos o limitar movimientos. La mayoría de CCAA del PSOE, así como Cataluña o País Vasco fueron reclamándolo en cascada, y el Consejo de Ministros la aprueba hoy.
