La Audiencia Nacional sentará el lunes en el banquillo a los exjefes de ETA Miren Itxaso Zaldúa, 'Sahatsa', y Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata, por su presunta participación en atentados perpetrados contra la Universidad de Navarra, El Corte Inglés de Zaragoza y dos empresas en el año 2002.
La Fiscalía reclama para ambos una condena de 167 años de cárcel por un total de cuatro delitos de estragos terroristas, cinco de lesiones terroristas, dos de robo y otros dos de falsificación.
Ambos exdirigentes de la banda terrorista fueron juzgados hace un año por el asesinato del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad el 6 de mayo de 2001, un crimen por el que Carrera Sarobe fue condenado a 30 años de cárcel e Itxaso Zaldúa, 'Sahatsa', quedó absuelta.
Como entonces, Francia, donde actualmente cumple cadena perpetua quien fuese máximo dirigente del aparato militar de ETA, ha autorizado trasladar a Carrera Sarobe a España para ser juzgado por estos atentados junto a Zaldúa.
El primero ocurrió la noche del 23 de mayo de 2002, cuando un coche bomba, previamente robado, estalló en la Universidad de Navarra, en Pamplona, e hirió a una mujer y a un policía, y causó "importantes desperfectos materiales".
La Fiscalía afirma en su escrito de acusación que aquel vehículo fue estacionado por miembros del comando Basajaun y "conforme a las instrucciones de los acusados".
El segundo atentado ocurrió un mes después, el 21 de junio, cuando otro coche, que previamente había sido robado y que contenía entre 70 y 80 kilos de explosivo, estalló contra El Corte Inglés de Zaragoza y "ocasionó un cráter de dimensiones aproximadas de 5x7 metros de diámetro".
Varias personas resultaron heridas, entre ellas un vigilante jurado, y se ocasionaron "importantes" daños materiales en el establecimiento, ubicado en el Paseo de Sagasta de Zaragoza, cuya reparación se tradujo en 4,7 millones de euros, según la Fiscalía.
Ambos exjefes de ETA serán también juzgados por su presunta participación en los atentados perpetrados el 29 de noviembre contra la empresa Ultracongelados Virto y la compañía Uvesa, en los municipios navarros de Azagra y Argedas, respectivamente.
La Fiscalía relata que miembros del comando Basajaun, "en ejecuciones de las instrucciones dadas por los acusados", depositaron e hicieron estallar ese día sendos artefactos contra las empresas "en venganza por haberse negado a pagar" el denominado "impuesto revolucionario" que exigía la banda terrorista.
