La Generalitat Valenciana se juega mucho en la próxima Conferencia de Presidentes. La rebaja de su elevadísima deuda y la aprobación de sus Presupuestos para 2025 están directamente relacionados con los resultados que pueda obtener Carlos Mazón en esa cita.
La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, asistió ayer a la reunión preparatoria de la conferencia que tendrá lugar a final de año (en diciembre) en Cantabria, aunque el Gobierno todavía no ha puesto fecha concretar algo que la consellera considera que "no es de recibo".
El temor es que Pedro Sánchez, que ya transmitió hace unos meses a través de María Jesús Montero que habría una Conferencia de Presidentes el pasado mes de julio –que no se produjo–, repita ahora su incumplimiento.
En cualquier caso, en la reunión de ayer se constató que tanto la financiación autonómica como la regulación de los flujos migratorios, junto a la necesidad de incorporar más profesionales a la sanidad pública, y los precios de la vivienda formarán parte fundamental de los asuntos a tratar.
1.740 millones anuales
El Ejecutivo autonómico que lidera Carlos Mazón tiene en la mejora de la financiación una cuestión capital. Y mientras se produce esa reforma del modelo intentará que se autorice la aplicación de un fondo de nivelación de 1.740 millones anuales para, como defiende en sus últimas comparecencias públicas, "al menos empatar con el resto de Comunidades Autónomas".
Sin esa inyección de dinero la Generalitat Valenciana no podrá rebajar sustancialmente el déficit anual que registra de hace más de una década y que va alimentando una deuda que es la más elevada de España en relación al Producto Interior Bruto (PIB) regional. En términos absolutos, sólo Cataluña la supera.
Políticas sociales
Esta condición de recibir más ingresos es indispensable para que políticas sociales como la atención a la dependencia, las listas de espera sanitaria y también la prestación de servicios públicos básicos como la educación pueda resultar efectiva y es algo a lo que Mazón afirma que "no va a renunciar".
Ahora bien, hay una segunda cuestión que también tendrá un efecto rebote en la Generalitat Valenciana como es la regulación de los flujos migratorios en España.
Inmigración irregular
Los recursos que las Comunidades Autónomas reciben del Gobierno de España para atender en los centros de menores –a las personas que llegan a nuestro país de manera desesperada y sin recursos para su subsistencia– será uno de los puntos de negociación.
Y es que los Presupuestos de la Generalitat para 2025 penden de un hilo, el que sostiene Vox. La formación que lidera Santiago Abascal ha exigido que no se permita la entrada en territorio nacional de inmigrantes ilegales y que los menores que ya estén en estas condiciones dentro de España sean repatriados.
A Mazón le piden en Vox que no acoja a menores en esta situación irregular para poder hablar de su apoyo a los Presupuestos, cuestión que, hasta la fecha, el Gobierno valenciano no ha cumplido (a ojos de Vox) invocando una "obligación de solidaridad" con las personas que lo necesitan.
Los dos objetivos fijados por el Gobierno valenciano parecen difíciles de alcanzar en la Conferencia de Presidentes ante la diversidad de problemáticas que existen entre las 17 Comunidades Autónomas. Además, la óptica desde la que Pedro Sánchez pretende abordar, sobre todo, el tema de la financiación, parte de un acuerdo previo con Cataluña (como contrapartida a la investidura de Salvador Illa) lo que tampoco va a contribuir a generar un consenso amplio.
Es por ello, que los Presupuestos para 2025 se presentarán el próximo jueves tras el pleno del Consell pero su aprobación en las Cortes Valencianas está casi descartada porque no se darán las condiciones que pide Vox, mientras que PSPV y Compromís no van ni siquiera a negociar esa posibilidad.
