Los valencianos recordarán el 2024 como un año especialmente dramático por el duro golpe asestado por dos grandes tragedias que sobresalen por encima del resto: el incendio del barrio de Campanar de Valencia el 22 de febrero y la triple riada que asoló la provincia el 29 de octubre.
La reacción de las Administraciones ha sido muy diferente ante las dos catástrofes. En el incendio de Campanar, donde fallecieron 10 personas y 15 resultaron heridas, la colaboración y la rápida actuación permitió salvar vidas y atender a las víctimas con posterioridad al suceso de manera eficaz y diligente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Consell, Carlos Mazón, fueron de la mano y, junto a la alcaldesa de la capital del Turia, María José Catalá, el Estado hizo que los afectados, unas 450 personas, se vieran confortadas por medidas de protección que les permiten poco a poco rehacer sus vidas.
Fachada inadecuada
Unas condiciones meteorológicas adversas (con fuertes vientos de poniente, extremadamente cálidos) hicieron que aquel 22 de febrero se convirtiera en el peor recuerdo para la ciudad en materia de incendios, con un complejo residencial de 138 viviendas, envuelto en llamas desde el exterior como una antorcha gigante.
El origen del incendio fue el mal funcionamiento de un electrodoméstico de una cocina en uno de los inmuebles cuyo inquilino no estaba en el interior. El avance de las llamas hizo que se rompiera el cristal de salida al balcón y, desde allí, se propagó hacia el exterior a través de una fachada con compuestos, no del todo ignífugos, lo que facilitó su propagación.
Los tribunales deberán determinar los fallos en la construcción (fachada y salidas de emergencia) que, por la velocidad de su extensión, quedaron evidentes y convirtieron el inmueble en una ratonera para los vecinos que no pudieron abandonar el edificio a tiempo.
Valencia superó ese golpe que anímicamente dejó muy tocada a su población. Eran las vísperas de unas fiestas falleras que quedaron deslucidas y sin alegría por la virulencia de ese suceso. Nadie podía presagiar que se repetiría con más fuerza unos meses después.
La peor gota fría
El 29 de octubre, con una alerta roja por la DANA que se generó en la vertical de la provincia de Valencia, una serie de fallos en la previsión, la insuficiente información suministrada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, y la lenta actuación de los responsables de Emergencias de la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España, provocó que los vecinos de las localidades del sur del área metropolitana de Valencia ignoraran que una gran riada se encaminaba hacia sus municipios.
Un auténtico tsunami que viajó a través del barranco del Poyo arrasó toda esa zona provocando la mayor parte de las víctimas mortales (223 y 3 desaparecidos) registradas en esa jornada. Un total de 78 municipios de la provincia fueron casi devastados. La mayor parte de los fallecidos estaban en sus vehículos dentro de los municipios, en garajes, o en las carreteras. También hubo a quien le pilló saliendo del trabajo, en el ascensor, caminando por sus ciudades o incluso dentro de sus casas donde la fuerza de la corriente arrancó puertas y muros.
Tres riadas
La primera riada viajó desde Utiel y Requena por el río Magro hacia la presa de Forata –que a punto estuvo de reventar– y al desaguar cantidades elevadas agravó las inundaciones en la Ribera, donde hubo 12 fallecidos. La segunda es la mencionada del barranco del Poyo que tuvo su origen en Chiva donde se registraron precipitaciones de hasta 500 litros por metro cuadrado.
Y la tercera llegó desde el río Turia (y del río Sot que cerca estuvo de derribar la presa de Buseo) y que arrasó las poblaciones ribereñas donde las lluvias superaron los 550 litros por metro cuadrado: como en Pedralba. La ciudad de Valencia se salvó gracias al plan Sur (el nuevo cauce del Turia), aunque las pedanías situadas al sur de esa obra de ingeniería registraron 17 víctimas mortales.
Alerta tardía y abandono posterior
La tardanza en enviar la alerta masiva a la población (Es-Alert) a las 20,12 horas, cuando muchas personas ya habían perecido, es algo que, a grandes rasgos, se achaca al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque no fuera el responsable legalmente de dirigir esa emergencia. La desatención posterior durante casi 4 días a la población, de igual modo, se imputa fundamentalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Esta catástrofe ha supuesto un frenazo para la economía valenciana que ya ha contabilizado más de 25.000 millones de euros en daños en los diferentes sectores productivos y económicos. Ertes, despidos, cierres de negocio y movilidad dificultosa han dibujado un panorama complicado para los cerca de millón y medio habitantes que fueron afectados por esta destructiva DANA.
La desafección social hacia los políticos se ha visto claramente en capítulos como el vivido en Paiporta durante la visita de los Reyes de España donde los vecinos lanzaron barro a las autoridades y provocaron la huida del lugar de Pedro Sánchez; mientras que Felipe VI, la reina Letizia y Carlos Mazón capearon el chaparrón como pudieron.
Tres manifestaciones multitudinarias contra el presidente de la Generalitat también forman parte de esa rabia e indignación contra las autoridades políticas que se han replicado igualmente en varios plenos municipales de las localidades afectadas donde se recrimina a los alcaldes y alcaldesas su falta de reacción.
La salida de Vox
El año 2024 políticamente comenzó con un Gobierno en la Generalitat Valenciana compuesto por PP y Vox. Los populares iban avanzando en las encuestas hacia una mayoría absoluta de manera lenta pero continua. El primer test de estrés para Carlos Mazón llegó el 11 de julio cuando Santiago Abascal ordenó a los tres consellers de Vox (Vicente Barrera, Elisa Núñez y José Luis Aguirre) abandonar el Gobierno valenciano por la política migratoria nacional del PP.
A regañadientes, pero obedecieron. Y, tras el anuncio, Mazón los cesó antes de que presentaran su dimisión. Ese viaje en solitario del PP en la Generalitat aceleró su subida en intención de voto hasta el entorno de los 46 escaños (a 4 de la absoluta) y Vox retrocedía tímidamente. Eso sí, los de Abascal han seguido brindando su apoyo a Mazón en las Cortes Valencianas para que no hubiera un Gobierno de izquierdas.
La tragedia de la DANA –que ha rebajado sensiblemente (quizás coyunturalmente) el apoyo al PP en los estudios demoscópicos– se ha saldado con la destitución de dos conselleras, la responsable de Emergencias, Salomé Pradas; y la de Industria, Nuria Montes. Vox sigue dando su apoyo a Mazón y lo sostiene frente a la petición de PSOE y Compromís de que deje el cargo o sea destituido.
El PSPV post-Puig
Los socialistas valencianos han confirmado este año un cambio en su cúpula. El adiós de Ximo Puig (ya en París como embajador de España ante la OCDE) dejó vía libre al deseo de Pedro Sánchez para que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, fuera su relevo.
Morant ganó el congreso nacional extraordinario del PSPV durante el último fin de semana de marzo y ahora (el próximo mes de febrero) se presentará a la reeleción en el congreso ordinario. Nadie le hará sombra, ni siquiera la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que a nivel interno ha salido bien parada de la gestión de la crisis de la DANA.
En Compromís, mientras, andan envueltos en la nueva fórmula asociativa de la coalición nacionalista y en la búsqueda de un liderazgo alternativo a Joan Baldoví que no ha acabado de cuajar en su vuelta a Valencia tras su paso por el Congreso de los Diputados.
Eso sí, es la formación política que menos tiene que perder por la gestión de la DANA y eso, como en el caso de Vox, ya se refleja en algunos estudios que los sitúan al alza frente al desgaste grande del PP valenciano y más contenido del PSPV.
Libertad educativa
La Comunidad Valenciana, al margen de las convulsiones políticas y de las citadas catástrofes, ha vivido un año en el que las familias han vuelto a poder elegir el centro educativo para sus hijos y donde la elección entre castellano y valenciano para la enseñanza también ha tenido más libertad y variantes que en la época del Gobierno de Ximo Puig, sobre todo, para las zonas castellano-hablantes.
La reducción de las listas de espera quirúrgicas de prioridad ha sido cercana al 70%, aunque en los casos no prioritarios la espera aún está en parámetros similares al anterior Ejecutivo y sigue sin resolverse la falta de profesionales, sobre todo, en atención primaria.
Menos impuestos
La reducción de impuestos sí ha sido significativa y también la inclusión de nuevos supuestos en las deducciones para el Impuesto de la Renta sobre las personas Físicas, aunque ello conlleve una merma en la recaudación que agrave los problemas de financiación que sufre la región.
De hecho, el pasado 13 de diciembre esta fue una de las cuestiones de la Conferencia de Presidentes en Santander donde Mazón siguió insistiendo. La necesidad de que la Comunidad Valenciana, al margen de la propuesta de Pedro Sánchez de absorber parte de la deuda pública valenciana, pueda recibir un fondo de nivelación de 1.782 millones de euros anuales.
Este fondo transitorio se aplicaría hasta que no se reforme el modelo de financiación autonómica del que no hay noticias de acuerdo en el horizonte.
La inmigración ilegal a través de las costas de la Comunidad Valenciana, especialmente en el litoral alicantino, sigue aumentando en este 2024; al igual que el ya elevado precio de la vivienda; mientras que la tasa de paro sigue en el 13,04%, casi dos puntos más que la media nacional.
Competitividad
Este 2024 también deja la luz verde a la ampliación del Puerto de Valencia que llevaba más de una década frenada y que permitirá a la infraestructura portuaria valenciana tener la capacidad para seguir compitiendo por mantener el primer lugar de tráfico de contenedores en el Mediterráneo.
La llegada de inversores como la fábrica de baterías para coches eléctricos de Volkswagen en Sagunto (gestión de la pasada legislatura) es ya un hecho y, junto a la apuesta de BP por el hidrógeno verde en su refinería en el puerto de Castellón, son de las más significativas en la autonomía.
En este ramillete de grandes inversiones también tiene un lugar destacado la firma Stadler, ubicada en Albuixech, que fabricará 500 trenes para un consorcio austríaco-alemán que supondrá una facturación de 4.000 millones de euros.
La crisis del Valencia CF
En el plano deportivo destaca la grave crisis institucional, social y deportiva del Valencia CF que se ve hundido por la inexistente gestión del máximo accionista, Peter Lim. La desinversión deportiva de los últimos seis años ha llevado al equipo a mantenerse en puestos de descenso a Segunda división desde que comenzó la Liga.
Además, Lim sigue sin arrancar las obras del nuevo estadio, aunque augura que será el próximo 10 de enero, (lo que ha puesto en grave riesgo la candidatura de Valencia para el Mundial 2030) y ha pedido un crédito de 180 millones de euros a Goldman Sachs, con la venta de su paquete accionarial como un escenario probable para el próximo año. La masa social del club está de uñas con la propiedad y clama para que facilite la salida a otro gestor.
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