La difícil cohabitación esta legislatura del PP y Vox en el Ayuntamiento de Valencia tiene ahora un nuevo elemento de fricción en forma de investigación judicial. La denuncia de la Fiscalía de Valencia contra el portavoz municipal de Vox, Juanma Badenas, –por atribuir falsamente a un inmigrante un asesinato que se registró en Valencia este verano – puede tener más consecuencias que el resto de desavenencias entre ambos partidos.
El Ministerio Público ha formulado la denuncia contra Badenas por un delito de odio y vulneración de derechos fundamentales al entender que su comentario conlleva "hostilidad hacia el colectivo" de personas inmigrantes.
Lo mismo sucede con la que ha impulsado contra la edil de Vox Cecilia Herrero quien en su cuenta de la red social X le dijo al exdiputado de la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye: «Falta que te vuelvas a tu país».
PSPV y Compromís
La primera de las decisiones de la Fiscalía de Valencia es fruto de la denuncia del portavoz socialista, Borja Sanjuán, que ha encontrado eco en el Ministerio Público.
Y la segunda, parte del grupo Compromís, concretamente de la edil Lucía Beamud, quien amplió su denuncia con otros comentarios de Herrero en la citada red social como: "Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros» o «Fuera África de la Europa civilizada». La Fiscalía entiende que son claramente "xenófobos, racistas y ofensivos". Tanto Sanjuán como Beamud piden que Catalá destituya a los dos ediles de Vox.
Ambas denuncias se han presentado en el Decanato de los Juzgados de Valencia que procederá ahora a su reparto. El recorrido de las denuncias de la sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia puede suponer un grave problema para la coalición PP-Vox en el Ayuntamiento de la capital del Turia.
Apertura de diligencias
Este tipo de decisiones de la Fiscalía, especialmente en temas relacionados con los delitos de odio, suele ser muy tenida en cuenta por los jueces. Las fuentes judiciales consultadas por Vozpópuli dan casi por hecho que los titulares de los juzgados en los que recaigan las denuncias "abrirán diligencias" y citarán a declarar tanto a Badenas como a Herrero para que expliquen sus manifestaciones o comentarios.
Además, como se pudo comprobar en el denominado 'caso Vinicius' tras los insultos recibidos por el delantero del Real Madrid por un grupo de aficionados en Mestalla (y en otros campos de fútbol en España), los tiempos judiciales son especialmente ágiles si se compara con otros asuntos.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, debera decidir en el momento en el que los dos ediles de Vox sean investigados (como dan por hecho las citadas fuentes) qué hacer. La respuesta oficial a consultas de este medio es que "respetamos las decisiones judiciales", por lo que asumen que si hay una condena serán destituidos del Gobierno municipal.
Estatutos del PP
Antes de eso, sin embargo, el mero hecho de la investigación judicial pondrá en revisión el pacto con Vox, ya que se aplicaría el mismo rasero que se le impone a un afiliado del PP en faltas graves o muy graves que llevan aparejada la suspensión de militancia de 1 a 6 años.
La actual gobernabilidad en el Ayuntamiento de Valencia pasa por la colaboración de los 13 concejales del PP y los 4 de Vox que alcanzan la mayoría absoluta situada en 17, frente a los 9 de Compromís y los 7 del PSPV. Por ello, la salida de dos ediles de Vox dejaría en minoría al PP (como al principio de la legislatura) y se dificultaría mucho poder sacar adelante cuestiones básicas como los Presupuestos e iniciativas, que requieran la mayoría absoluta del hemiciclo, durante lo que resta de mandato.
Postura de Vox
Hay que ver también qué hará Vox en caso de que Juanma Badenas y Cecilia Herrera sean investigados por los jueces. Si reclaman que abandonen el escaño, todo apunta a que ambos se acogerían a que el acta es personal y podrían acabar en el grupo mixto. Los otros dos ediles de Vox no parecen mantener ahora buena sintonía con los dos investigados.
Durante la jornada de ayer ninguno de los dos denunciados por la Fiscalía quiso hacer declaraciones a preguntas de este medio.
Las fuentes municipales consultadas por Vozpópuli analizan que la ruptura del pacto que estuvo cerca de suceder con cuestiones relacionadas con los Gay Games de 2026; la Capitalidad Verde Europea; el mantenimiento de la moneclatura de algunas calles que Vox pedía retirar; o las 'facilidades' otorgadas a Peter Lim para que reanude las obras del nuevo estadio, podría, sin embargo, "producirse por esta cuestión judicial".
Y es que mantener a ambos en el Gobierno municipal si hay una investigación judicial en curso sería otorgarle un balón de oxígeno grande a Compromís y PSPV y no parece que María José Catalá quiera conceder esa ventaja.
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