El pacto entre PP y Vox para liderar la gestión del Ayuntamiento de Valencia está en el aire. La posición del partido que lidera Santiago Abascal en lo referente a la política migratoria está detrás de una posible ruptura en la principal institución que ambos partidos comparten en España.
La salida de Vox de los gobiernos regionales por orden de Abascal dejó al Ayuntamiento de Valencia como el más grande en los que la formación populista presta su apoyo al PP para tener mayoría absoluta en el pleno.
Los vaivenes de este pacto han sido continuos desde que hace casi un año se suscribió para alcanzar los 17 ediles necesarios de la mayoría absoluta y conseguir una gestión sólida (13 del PP y 4 de Vox).
Ahora, sin embargo, el factor de desequilibrio es más exógeno que endógeno. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá y el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Juanma Badenas, mantienen una relación profesional pero con puntos de vista muy distantes.
Siete desencuentros
Esa discrepancia ha dejado el pacto tocado en momentos puntuales en los últimos meses como sucedió el pasado mes de julio. La decisión del PP de concederle una licencia de obras al Valencia CF para la finalización de su nuevo estadio a espaldas de sus socios de gobierno estuvo cerca de romper la colaboración pero la dirección nacional de Vox lo evitó.
Previamente a esa situación Vox ya impidió que se aprobara una modificación de crédito de 37 millones de euros para pagar personal, limpieza y otras cuestiones cuando abandonó el pleno el pasado mes de marzo. Era la respuesta a lo que consideraban la "invasión de competencias" del PP en materia de empleo y formación que están delegadas a Vox.
Las políticas de fomento del empleo femenino, la organización de la celebración de los Gay Games en 2026, a la que se opone Vox; las iniciativas de la Capitalidad Verde Europea; el cambio de nombre de la ciudad de Valencia para que sea en castellano y que en valenciano se escriba con acento cerrado en la e y no abierto como establecieron los anteriores gobernantes; o el cambio de nombre de algunas vías públicas, son otros puntos de la gestión municipal en los que han chocado Catalá y Badenas.
La dirección nacional
Es por ello que en diferentes etapas de esta coalición de Gobierno municipal, la dirección nacional de Vox, fundamentalmente a través de la vicesecretaria de Acción de Gobierno, Montserrat Lluís, y de la de Organización Territorial, María Ruiz, ha mantenido una interlocución continua con Badenas para que no descarrile un pacto que costó mucho de tejer con la intervención de Ignacio Gil Lázaro en el tramo final de las negociaciones.
El pacto sigue funcionando pero esta semana Badenas ya advertía que lo hará si se respeta en los Presupuestos las consignaciones adecuadas para las concejalías que Vox dirige. Esa advertencia vino acompañada de otra sobrevenida como es la política sobre la inmigración ilegal.
El portavoz de Vox sabe que en el Ayuntamiento apenas tienen competencias en la materia pero explicó que no se puede acoger a menores no acompañados y que hay que repatriarlos. "Lo que pido es que el PP cumpla ley", indicó.
Esta advertencia viene impuesta, a diferencia de ocasiones anteriores, por la dirección nacional de Vox y puede ser la que se exponga como causa de ruptura, al igual que ya se esgrime en el grupo parlamentario de Vox para no apoyar (llegado el caso) los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025.
Catalá confía en que se trate de otra advertencia sin consecuencias, pero en esta ocasión flota en el ambiente una cierta resignación por parte de los concejales del PP que viven muchas situaciones de contradicciones con sus compañeros forzosos de viaje.
La avanzadilla de Cartagena
Como ejemplo de lo que puede venir se puede citar el pacto municipal en Cartagena donde el grupo Vox ha presentado esta semana una declaración institucionall en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento contra la acogida y distribución de inmigrantes ilegales en Cartagena.
Su finalidad era que la corporación solicitara al Gobierno de la Nación la inmediata expulsión de los inmigrantes ilegales que se encuentren en el término municipal, e incluía la celebración de una consulta popular sobre el mismo asunto.
El PP votó a favor pero el PSOE y Sí Cartagena impidieron que llegara a término esa declaración institucional que necesita de la unanimidad de los grupos municipales.
Una declaración como la de Cartagena donde Vox planteaba la condena de las ONG´s que, a su juicio, "colaboran con las mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal" no sería apoyada por el PP de María José Catalá en el Ayuntamiento de Valencia.
Y tampoco parece que la alcaldesa estuviera por la labor de apoyar que se cerrara cualquier tipo de centro de acogida de inmigrantes ilegales en Valencia como propone Vox en Cartagena. Así que el pacto en el Ayuntamiento de la capital del Turia pende del fino hilo que supone que Abascal apriete o no el botón para presentar una declaración análoga a la de la ciudad murciana en Valencia.
Para añadir más tensión al momento, la oposición en el Ayuntamiento de Valencia (Compromís y PSPV) han pedido a Catalá que destituya a Badenas porque la Fiscalía ha abierto diligencias para analizar si cometió un delito de odio al acusar a un inmigrante de un asesinato en el puente de Astilleros de Valencia y que finalmente fue cometido por un hombre de nacionalidad española.
