Un juez ha condenado a la televisiva vidente Pepita Villalonga a dos años y medio de prisión por un delito continuado de estafa a una mujer que llegó a pagarle más de 31.000 euros por la realización de unos rituales mágicos y esotéricos, si bien la absuelve de pertenencia a organización criminal.
Los hechos ahora sentenciados se remontan a noviembre de 2016, cuando la presunta víctima, R.P., acudió a un despacho esotérico situado en la calle Mallorca de Barcelona vinculado a la vidente Villalonga, y acabó desembolsando, según la denunciante, tres importes de 4.400, 10.000 y, finalmente, 17.000 euros para que le quitaran un "mal de ojo" y el riesgo de muerte que pesaba sobre ella y que le habían augurado los acusados.
Durante el juicio contra la vidente y otros dos acusados, celebrado el pasado 8 de noviembre en la sección octava de la Audiencia de Barcelona, el ministerio público no imputó a estas tres personas al entender que no había habido ni estafa ni "engaño", mientras que la acusación particular pidió ocho años de prisión por un delito continuado de estafa y otros dos por pertenencia a organización criminal.
Sin embargo, en su sentencia el juez condena a la popular vidente y a los otros dos acusados a dos años y medio de prisión por un delito continuado de estafa, ya que la sala considera probados los hechos, así como a una inhabilitación para toda actividad económica referida al esoterismo durante el tiempo que dure la condena, si bien los absuelve del delito de pertenencia a organización criminal.
Durante la vista, la mujer renunció a pedir una indemnización a los acusados, extremo que ahora confirma la sentencia.
"Un mal momento"
La víctima relató durante el juicio que no creía en el esoterismo, pero que en aquella época se encontraba pasando por un mal momento, en un "agujero negro", y que al ver a la popular vidente en la televisión decidió contactar con el local para concertar una visita.
En contra de la versión de la acusada, afirmó que ésta le echó las cartas en 30 segundos y le dijo: "Tienes un mal de ojo muy fuerte, tienes un muerto en la espalda, no llegas a final de semana ni tú ni tus perros", y agregó que acto seguido la vidente le indicó que había un trabajador en el local que la podía ayudar y curar.
Este trabajador, el acusado D.L., y el hijo de la vidente, F.B., la "convencieron" para realizar una serie de rituales para quitar el mal de ojo, por los que le pidieron 4.400 euros, según explicó la mujer, quien subrayó: "Estaba muy asustada, tenía mucho miedo".
Unos tres días después, tras trabajar "día y noche", los acusados le informaron de que el mal de ojo que tenía era "muy, muy fuerte", prosiguió la mujer durante su testimonio ante el tribunal, de manera que le dijeron que "para seguir viva" tenían que llamar a un capellán del Vaticano, que debería viajar a Jerusalén para proseguir con los rituales, por lo que debía pagar otros 10.000 euros.
Tras este segundo pago, la presunta víctima dijo que el 2 de diciembre le pidieron 17.000 euros más para poder terminar con el trabajo, cantidad que abonó, pero que ya ese día empezó a sospechar, y que cuando el 7 de ese mes le pidieron otros 10.000 euros si quería "que todo quedase arreglado antes de Navidad", ya no pagó.
Explicó que durante el mes de enero pidió de forma reiterada facturas de los pagos efectuados sin éxito, de manera que durante el juicio su abogada no pudo aportar pruebas del abono de estas cantidades.
En la sentencia, el magistrado da credibilidad al relato de la víctima, en el sentido de que le pronosticaron una "muerte inminente", lo que le provocó un "estado de pavor e inseguridad, debido a los problemas familiares y de salud que arrastraba desde hacia años".
"Aprovechando esa vulnerabilidad, de la que se percató de inmediato la acusada, y con el ánimo de beneficiarse económicamente a su costa", se puso "de acuerdo" con los otros dos acusados en dicho ánimo", quienes también advirtieron "desde el primer momento" su "fragilidad emocional", sostiene el magistrado en su resolución.
Según la sala, los acusados transmitieron a la víctima "un miedo cerval por su vida" y un "estado de pánico" que la llevó a acatar a partir de ese momento todo lo que los acusados le fueron diciendo, consiguiendo, de este modo, y mediante varias artimañas, un desplazamiento patrimonial de la mujer a favor de aquellos".
Resalta, en este sentido, que en el momento de los hechos la mujer contaba con 57 años de edad y se hallaba en un "estado de gran fragilidad y vulnerabilidad emocional consecuencia de un síndrome ansioso-depresivo con estrés emocional que arrastraba desde hacía años".