España

El Congreso da portazo a la petición de Vox para exigir a Sánchez que active el estado de excepción

Los informes de los letrados recogen que la solicitud del grupo parlamentario no cumple con los supuestos previstos para que la Diputación Permanente la admita a trámite

  • La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet

El Congreso, presidido por Meritxell Batet, ha dado portazo al escrito presentado por Vox ante la Mesa de la Diputación Permanente de la Cámara Baja para que este órgano urgiese al Gobierno a declarar el estado de excepción, recogido en el Artículo 116 de la Constitución.

Según confirman fuentes parlamentarias a Vozpópuli, los informes de los letrados aseguran que la solicitud del grupo parlamentario del partido liderado por Santiago Abascal "no cumple ninguno de los supuestos previstos" para que la Diputación Permanente la pueda admitir a trámite estando la Cámara disuelta.

Desde el Parlamento insisten en que no es competencia de la Diputación Permanente pedir al presidente que declare el estado de excepción

De acuerdo a las mismas fuentes, la petición para que la Diputación se convoque corresponde a la presidenta o debería estar firmada por, al menos, la quinta parte de los miembros del citado órgano o por dos grupos parlamentarios. Se trata del punto 4 del Artículo 56 del reglamento del Congreso.

Desde el Parlamento insisten en que no es competencia de la Diputación Permanente del Congreso pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en este caso, que declare el estado de excepción. "Corresponde al Ejecutivo aplicar el Artículo 116 o no", zanjan.

Estado de excepción

Según el reglamento por el que se rige la Cámara Baja, cuando el Ejecutivo pretende declarar el estado de excepción necesita la previa autorización del Congreso, a cuyo efecto debe enviar la correspondiente comunicación para que se tramite.

El asunto sería sometido inmediatamente al Pleno del Congreso, convocado al efecto si no estuviese reunido, incluso en el período entre sesiones. Como está disuelto, las competencias serían asumidas por su Diputación Permanente. 

Ya con la autorización previa de la Cámara Baja, el estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros.

En todo caso, explican en el Congreso, si la Cámara no estuviese disuelta, un grupo parlamentario podría llevar al congreso una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a iniciar los trámites del estado de excepción. "Pero nunca sería de obligado cumplimiento para el Ejecutivo, no es vinculante", aseguran.

Solicitud sin recorrido

Por todo ello, fuentes parlamentarias afirman que la solicitud de Vox para instar a Sánchez a aplicar el Artículo 116 tiene muy poco recorrido. Tan poco que, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, no va a ser admitida.

Desde Vox reconocen en todo momento que carecen de legitimidad para obligar o exigir que se convoque la Diputación Permanente, pero aclaran que, por eso mismo, han optado por presentar una solicitud para que en la convocatoria de oficio que pueda hacer la presidenta, sea esta misma la que haga suya la petición sobre el estado de excepción.

"Como grupo parlamentario individual carecemos de legitimidad para obligar a convocar la Diputación Permanente, pero nada impide que una convocatoria de oficio por parte de la presidenta pueda ser excitada por un tercero. Cuando se aprueban declaraciones institucionales, se hacen a instancias de terceros", explica a Vozpópuli Macarena Olona, secretaria general del grupo parlamentario Vox.

Responsabilidades

Olona defiende que antes de hacer esta petición, su grupo ha hecho un estudio jurídico riguroso. "A diferencia de otros partidos, no actuamos improvisando. A partir de aquí, quien quiera seguir en su irresponsable postura de inacción, que siga buscando excusas", advierte.

Más allá de la efectividad que vaya a tener su escrito en el Congreso, dice, es muy importante "dar un paso al frente": "Les responsabilizamos de lo que pueda pasar si no atienden nuestra petición, que esta basada en un profundo estudio jurídico".

De llevarse a cabo la activación del estado de excepción, algo que no ha sucedido en la historia de la democracia española y que tampoco apoyan PP y Ciudadanos, esto permitiría, entre otras cosas, cancelar las emisiones de TV3, intervenir las comunicaciones o detener al presidente catalán, Quim Torra, como reclaman los de Santiago Abascal desde hace tiempo. 

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