El Congreso tramitará una propuesta del PSOE para suprimir el artículo 315.3 del Código Penal que prevé penas de hasta tres años de prisión para los piquetes huelguistas que coaccionen a trabajadores que no quieren secundar un paro o una protesta.
La iniciativa de los socialistas figuraba en una proposición de ley cuya admisión a trámite fue debatida este martes por la tarde en el Pleno de la Cámara Baja, en el que los partidos que permitieron la investidura del presidente Pedro Sánchez se mostraron a favor de discutir la derogación de este tipo penal.
Así, la propuesta del PSOE contó con la adhesión, además de su socio de Gobierno Unidas Podemos, de ERC, PNV, EH Bildu, el Grupo Plural, BNG y la CUP, mientras que anunciaron su voto en contra PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias. Esto supone que la iniciativa saldrá adelante y se tramitará en el Congreso la supresión del artículo 315.3 del Código Penal.
En este sentido, mientras que los partidos que apoyan al Ejecutivo defendieron que no pueden ponerse trabas al derecho de huelga, los representantes de PP, Vox y Ciudadanos argumentaron que suprimir este tipo penal puede ser contraproducente para los piquetes huelguistas. Estas formaciones de la oposición argumentaron que las coacciones sindicales pasarán a estar castigadas por el artículo 172, donde se contemplan penas superiores.
Castigo "desproporcionado"
Sin embargo, la diputada del PSOE Andrea Fernández sostuvo que el artículo 315.3 es “desproporcionado” y “abiertamente represivo”. También se refirió a que hay que ser “sensible” a las demandas de los trabajadores y que “cada vez que se calla un sindicalista muere la democracia”.
A su vez, Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos, señaló que la huelga es la “herramienta más poderosa” de los trabajadores y relató la experiencia que él mismo tuvo como representante sindical en Canarias tras la crisis financiera de 2008.
En la misma línea, Jordi Salvador, de ERC, explicó que él actuó como piquete sindical antes de ser diputado y que hay más de 250 representantes de los trabajadores que están a la espera de sentencia en aplicación del artículo 315.3.
A su vez, Mikel Legarda, del PNV, se mostró de acuerdo en abrir una “reflexión parlamentaria” sobre este asunto, aunque coincidió con el PP en que las penas contempladas en el artículo 172 del Código Penal, que castiga las coacciones en general, son superiores a las del artículo que se quiere derogar. Añadió que la formación peneuvista considera que las coacciones sindicales no pueden quedar “impunes”, aunque apoyan que se abra un debate y se tenga en cuenta el criterio de los expertos.
"Humo" y "ruido"
Por lo que se refiere a los partidos de la oposición, el diputado del PP Ángel Jerez recordó que el artículo 315.3 fue introducido con el Código Penal de 1995, que se aprobó bajo el Gobierno de Felipe González y que lo que hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue rebajar el castigo contemplado en este apartado.
Jérez tildó la iniciativa de los socialistas de “humo” y “ruido”, ya que la realidad es que de eliminarse el artículo 315.3 se corre el riesgo de “endurecer las penas” para los piquetes que usan las coacciones. Además, señaló que es una contradicción que se quiera suprimir este tipo penal cuando la legislación castiga este tipo de presiones cuando se habla de proteger la libertad religiosa.
A su vez, Patricia de las Heras, de Vox, dijo que “el PSOE quiere desproteger a los trabajadores”, ya que si no se castigan las coacciones habrá autónomos y otros empleados que tendrán problemas cuando sean intimidados por los “estómagos agradecidos” que, a su juicio, son muchos sindicalistas.
Asimismo, Pablo Cambronero, de Ciudadanos, dijo que su partido rechaza que el Código Penal no tenga nada que decir cuando en una huelga opera “la ley de la selva”, en referencia a que no se respete los derechos de quienes no secundan un paro. Además, este diputado preguntó al PSOE cómo se castigarán en Cataluña los “paros ideológicos” que en los últimos años han promovido grupos independentistas en apoyo al llamado 'procés'.
