¿Se puede esperar del Consejo de Estado un pronunciamiento sobre la amnistía como el de los vocales del Consejo General del Poder Judicial? En los asuntos jurídicos trascendentes de los últimos años, el Gobierno ha soslayado o ha desoído los dictámenes del máximo órgano consultivo, aunque no sean vinculantes. Hay un dato revelador: el último informe de esta institución sobre reformas legislativas a petición del Gobierno data de 2011 y trataba sobre anuncios de contenido sexual y prostitución en la prensa. Para contemplar que del seno del Consejo de Estado surja una advertencia a Sánchez, paralela a la que pretenden ocho vocales del CGPJ, conviene tener en cuenta que los vocales del Poder Judicial son elegidos por las Cortes a propuesta de los grupos políticos, pero los miembros del Consejo de Estado (CE) son designados por real decreto del presidente del Gobierno. 

Una dificultad añadida a un movimiento de esas características en el seno del CE es que lo impediría su presidenta, Magdalena Valerio, colocada en ese puesto por Pedro Sánchez hace un año sin mayor mérito que el de la fidelidad a su jefe político. La colonización sanchista de esta institución del estado no está consumada, pues en el grupo de los nueve consejeros permanentes que no pueden ser cesados, seis de ellos llegaron hace más de una década y son juristas de reconocido prestigio: Herrero y Rodríguez de Miñón, Rodríguez-Piñero, Ledesma Bartret, Alberto Aza, José L. Manzanares y Enrique Alonso. Para que esos consejeros hagan oír su voz autorizada habría de ser a título personal, individualmente o en grupo, lo que no restaría valor a su juicio.  

El huracán legislativo que supone la amnistía para los delitos cometidos en el ‘procés’ va a esquivar el Consejo de Estado, como ocurrió con las reformas legales de la sedición y la malversación, un ninguneo mantenido con el polémico perdón a Puigdemont para que apoye a Pedro Sánchez en la investidura. El envoltorio legal de la amnistía anunciada hará caso omiso de una institución que, según el Tribunal Constitucional, es “órgano del Estado con relevancia constitucional al servicio de la concepción del Estado que la propia Constitución establece”. A tenor de su función principal de “dictaminar sobre las consultas que formula el Gobierno, velando por la observancia de la Constitución y del resto de ordenamiento jurídico (…)”, sería coherente que se pronunciara sobre un asunto de la complejidad jurídica de una amnistía que anula la respuesta del Estado de derecho a la intentona de 2017. 

Pero ese dictamen no existirá al ser una reforma promovida por grupos parlamentarios, no por el Gobierno. De ese modo, Pedro Sánchez evita un juicio autorizado que, sin ser vinculante, podría desmontar el andamiaje que sostenga su concesión al separatismo para ser investido presidente. La utilidad del Consejo de Estado y, sobre todo, cómo interpreta su función el Ejecutivo, se aprecia en el contenido de su última Memoria. De las 1.152 consultas despachadas en 2021 procedentes de los ministerios, 2 lo fueron del Presidente del Gobierno, 10 del Ministerio de la Presidencia y 1 de cada uno de los departamentos de Irene Montero (Igualdad) y Alberto Garzón (Consumo). Las más abundantes procedieron de los ministerios de Justicia (196), Hacienda (166) e Interior (127).

El desvalimiento, casi ostracismo, al que se ve abocada esta institución creada por Carlos V en 1526, un referente de seguridad legislativa sobre las grandes cuestiones de estado, se detecta en su más que discreta proyección exterior. Aparte del trabajo interno dirigido a los ministerios, comunidades autónomas u otros altos organismos que le consulten, su proyección pública es casi imperceptible: desde el 20 de julio hasta el 31 de octubre de este año el CE solo ha protagonizado seis actividades abiertas o externas, entre ellas: atender a una delegación de un colegio mayor de Madrid en visita a la sede, recibir la Gran Cruz de la Orden de Mérito de la Guardia Civil por la presidenta y una consejera o la inauguración de una jornada sobre derecho comunitario en el contexto de la guerra con Ucrania.

Siendo la presidencia del Consejo de Estado un cargo de confianza política del gobierno de turno, al perfil bajo y sumiso en el que se encuentra la institución contribuyó la anterior presidenta, Teresa Fernández de la Vega, que llegó a ese puesto por decisión del presidente Sánchez en 2018. Fernández de la Vega, antigua mano derecha de Rodríguez Zapatero en Moncloa, asistió silente durante cuatro años a las piruetas y abusos en la forma de legislar y en el contenido de las normas salidas de Moncloa. En paralelo, Teresa Fernández de la Vega ‘fusionaba’ con frecuencia sus agendas como presidenta del CE y presidenta de la Fundación Mujeres por África, creada por ella misma, con ingresos de 1,52 millones de euros. Le sucedió en el cargo, hace ahora un año, Magdalena Valerio Cordero, asumiendo la desconsideración del Ejecutivo hacia esta alta institución.

La web de este organismo inserta el siguiente texto de la Ley Orgánica 3/1980 sobre la imagen de Valerio Cordero, antes de que se pueda leer su auténtica biografía: “La presidencia del Consejo de Estado la ejerce un/a jurista de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado (…). Valerio aterrizó en la presidencia del CE con la licenciatura en Derecho por todo bagaje jurídico. Quien está al frente de 30 consejeros, entre los que figuran especialistas en Derecho de máxima solvencia y veteranía, más 30 miembros del Cuerpo de Letrados, al que se accede tras exigentes oposiciones, luce en su currículo los empleos de jefa de negociado del Inserso en Guadalajara, concejal de ese municipio, presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, consejera del gobierno de Castilla-La Mancha durante cinco años y ministra de Trabajo en el primer bienio de Pedro Sánchez.

Cómo coordine u oriente Magdalena Valerio, con ese currículo y experiencia política, a juristas de talla como los antes mencionados, es algo que se queda entre las cuatro paredes del palacio ubicado en el esquinazo de las madrileñas calles Mayor y Bailén.

Las retribuciones sí distinguen la cualificación y el trabajo a desarrollar en el Consejo de Estado. Frente al sueldo anual de 90.383,28 € de la presidenta del CE, los nueve consejeros permanentes perciben 124.858,58 €, cantidad semejante a los de los vocales del CGPJ, mientras que los consejeros natos y electivos son retribuidos con 974 euros por cada asistencia a sesión plenaria. Entre estos últimos, nombrados por tiempo limitado o en función de su responsabilidad en otras instituciones, también los hay con capacidad y juicio para pronunciarse sobre la amnistía que se avecina. Son los casos de Benigno Pendás, Manuel Pizarro, Santiago Muñoz Machado, Victoria Ortego o Antón Costas. Junto a ellos, ex altos cargos del PSOE y del PP que hasta ahora no se han manifestado sobre la ley-perdón para investir a Pedro Sánchez: José Mª Michavila, Emilia Casas, Soraya Sáenz de Santamaría, Elena Valenciano, Elisa Pérez Vera, Juan Carlos Aparicio, Pedro Mª Sanz… 

Al selecto grupo de consejeros permanentes se incorporó hace un año, por decisión de Moncloa, la presidenta saliente Fernández de la Vega, y en el grupo de acreditados juristas ha desembarcado hace siete meses otra política muy próxima a Pedro Sánchez. Se trata de su exministra de Sanidad, la asturiana Luisa Carcedo Roces. Licenciada en Medicina, con un breve ejercicio profesional en el Valle del Nalón, desde 1988 ocupa cargos políticos por el PSOE, primero en la Junta del Principado de Asturias y más tarde de diputada al Congreso hasta que Sánchez la colocó en 2018 al frente del Ministerio de Sanidad. Carcedo compatibiliza su privilegiado puesto en el Consejo de Estado con la presidencia de la Fundación Pablo Iglesias, el taller ideológico del PSOE.

De la fundación socialista presidida por Carcedo han salido argumentarios sobre la amnistía para los independentistas de Puigdemont y también la Pablo Iglesias es brazo ejecutor de la proyección iberoamericana de Pedro Sánchez, vía la Internacional Socialista. Curiosamente, la biografía de Luisa Carcedo en el Consejo de Estado no recoge que preside la Fundación Pablo Iglesias y viceversa: tampoco en la fundación aparece su pertenencia al CE. Junto a sus emolumentos de 124.858,58 € en el organismo consultivo del Estado, la consejera Carcedo tiene derecho a dietas por sus desplazamientos entre su residencia en Gijón y Madrid, que las cobra hasta el último céntimo. Desde que fue nombrada consejera permanente el 27 de marzo de este año hasta el 30 de septiembre, ha percibido por ese concepto 8.572,71 euros, correspondientes a dieciocho desplazamientos.

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