Pere Rotger ha decidido dejar su cargo como presidente del Parlament balear por su imputación en un caso de corrupción. Tras Maria Antònia Munar, que dejó el cargo en 2010, es el segundo presidente de la Cámara autonómica end ejar su cargo tras descubrirse su implicación en un caso de corrupción.
La decisión de Rotger de dejar el cargo se ha precipitado este martes después de que el juez que instruye el caso Over, José Castro, decidiera mantener su imputación en este caso sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular entre 2003 y 2007, cuando Jaume Matas presidía el partido.
Munar, la primera dimisión
En febrero de 2010, la entonces presidenta de Unió Mallorquina (UM) y del Parlament, Maria Antònia Munar, presentó también su renuncia, entregó su acta de diputada y anunció su retirada de la vida política tras ser involucrada por quien fuera su 'delfín político', Miquel Nadal, en el caso Maquillaje. Fue el fin político de una de las figuras más decisivas para la gobernabilidad de las instituciones públicas de Baleares de su historia autonómica, en la que UM jugó en diversas ocasiones el papel de partido "bisagra".
En 2012, Munar ha sido condenada a cinco años y seis meses de prisión por su implicación en el caso Maquillaje. La sentencia llegó tras considerarse probado que cometió varios delitos de corrupción al beneficiar fraudulentamente con 240.000 euros a una empresa audiovisual cuando presidía el Consell de Mallorca.
Otras figuras políticas de primer nivel que se han visto involucradas en casos de corrupción son los expresidentes autonómicos Jaume Matas y Gabriel Cañellas, ambos del PP. Matas ha sido condenado este año a seis años de cárcel por beneficiar con dinero público al periodista que le escribía los discursos para llevar a cabo una campaña para ensalzar su actividad política.
En cuanto a Cañellas, presidente autonómico entre los años 1983 y 1995, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) sentenciaron en 1997 que el expresidente balear cometió cohecho, pero fue absuelto al considerar que el delito había prescrito por haber pasado más de cinco años desde su comisión.
