Se suele decir que la política local es más de personas que de partidos, y para ejemplo, el de Linares. Raúl Caro-Accino, dirigente de Ciudadanos (Cs) y alcalde del ayuntamiento andaluz, ha contratado a dedo a un abogado de prestigio para defender la posición del Consistorio en la causa por malversación de al menos 103.000 euros que enfrenta su exprimer edil, el entonces socialista Juan Fernández.
El abogado contratado por Caro ha esgrimido ante el Tribunal de Cuentas que el exalcalde por el PSOE no provocó perjuicio alguno a la Corporación, gobernada desde 2019 por una coalición de Ciudadanos con el Partido Popular apoyada por el nuevo partido de Fernández, Linares Primero.
Según documentación a la que ha podido acceder este diario, el alcalde naranja autorizó la contratación de un abogado de Madrid con iniciales C.S. de P.P. y gestionó la personación del ayuntamiento en el proceso mediante una resolución de Alcaldía en lugar de un acuerdo plenario como hubiera sido menester, según fuentes municipales del propio Consistorio linarense.
Las mismas fuentes inciden en que "la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al regular en su artículo 123.1 las Atribuciones del Pleno, indica en el apartado m) que le corresponde el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica del Pleno en las materias de su competencia".
Fuentes del equipo de Caro alegan que lo que se ha contratado es la defensa del ayuntamiento, y se ha hecho "al amparo de las atribuciones concedidas por los art. 21.1.1 de la Ley 7/85 y 41.2 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales", que permiten al alcalde "el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación". Fuentes del Consistorio -incluida una del propio equipo de Gobierno- afean igualmente que el asunto se llevó a término sin ningún tipo de propuesta diligente al Pleno ni formal al equipo de concejales.
Alegaciones ante el Tribunal de Cuentas
A partir de noviembre de 2021 consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público un contrato de servicios de seguros de responsabilidad civil general y seguros de responsabilidad profesional suscrito por el ayuntamiento de Linares por valor estimado de 400.000 euros (con impuestos), frente a los 80.000 anteriormente presupuestados para todos los concejales. Desde la Alcaldía de Cs esgrimen que se trata de seguros a favor del ayuntamiento "y no de concejales" frente a las "posibles causas que van surgiendo" pero rechazan vinculación con la que justifica este artículo.
El abogado contratado por Caro firmó, previo encargo del ayuntamiento, las alegaciones del Consistorio en la investigación del Tribunal de Cuentas a Juan Fernández. Dichas alegaciones sostienen que el exalcalde y ahora edil por Linares Primero no provocó un perjuicio a las arcas públicas de la Corporación, según consta en un escrito remitido al Tribunal de Cuentas con fecha del 5 de julio de 2021.
En sus alegaciones, el abogado cita dos informes de la intervención municipal, uno de julio de 2020 y otro de febrero de 2021, en los que se asegura que Fernández no provocó ningún menoscabo al ayuntamiento. Fuentes municipales cuestionan la legitimidad de dichos informes porque, señalan, el interventor que los hizo es testigo en el proceso penal que afronta el investigado -lo que podría ser una prevaricación- y, en su función, solo ha podido tener acceso a las cuentas del equipo municipal que liderara Fernández pero no a las de su partido. En las alegaciones se incide de hecho en que los "fondos transferidos (...) se han realizado desde la cuenta de la Agrupación Local del PSOE y no desde la cuenta bancaria del Grupo Municipal".
En las mismas, se da también por equívoca la interpretación que hizo la instructora del caso en el Tribunal de Cuentas de un escrito del secretario del ayuntamiento, Luis Gómez Merlo de la Fuente. Este pidió al equipo de Gobierno municipal anterior que pusiera "en conocimiento las actuaciones llevadas a cabo y el posible ilícito contable" ante el TC, sin que ello hubiera supuesto dar por hecha la ilicitud como interpretó la instructora. Así lo han esgrimido al menos el abogado contratado por el ayuntamiento en sus alegaciones ante el Tribunal y el propio secretario del Consistorio en respuesta a Vozpópuli tras ponerse este diario en contacto con el equipo de Gobierno.
Relación de "amistad" entre el líder de Cs y el exalcalde
Distintas fuentes municipales que prefieren guardar el anonimato dan cuenta de una relación de "amistad" entre el actual alcalde por Cs, Raúl Caro, y el exprimer edil por el PSOE Juan Fernández. Este último fue expulsado del Partido Socialista tras haber sido imputado por quedarse dinero que iba dirigido del ayuntamiento al partido. Fue el propio PSOE el que interpuso la querella penal contra Fernández en octubre de 2018 tras una investigación interna.
Según las pesquisas de la Fiscalía, Fernández habría sustraído "en beneficio propio al menos 103.000 euros de fondos públicos concedidos por el Pleno del Ayuntamiento al grupo municipal socialista para gastos de funcionamiento sin estar debidamente autorizado para ello y estando legalmente prohibido en el art. 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, 2 de abril". En concreto, se habría quedado con unos 1.700 euros al mes desde junio de 2011 hasta noviembre de 2017 de las cuentas del grupo municipal socialista sin su autorización.
"Conspiración" del PSOE, según Fernández
"Esto es una pelea, una seria bronca entre Junta Fernández que se rebeló y el PSOE", ha esgrimido el exalcalde, que defiende su inocencia y reivindica que la causa obedece a una "estrategia conspirativa" diseñada desde el PSOE provincial y regional contra él por priorizar Linares sobre los intereses del partido.
El proceso penal del caso se dirimirá con un juicio con jurado que está previsto por la Audiencia de Jaén para marzo en 2022 (la vista está fijada para los días 7 al 10). La Fiscalía pide para Fernández una pena de cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación absoluta. En el penúltimo mandato (ya sin el PSOE y con el partido CILU junto a Cs y PP), el ayuntamiento de Linares llegó a personarse en la causa penal solicitando ocho años de prisión, pero el gobierno de Caro retiró luego su acusación y salió del proceso, denuncian fuentes municipales, sin acordarlo con el Pleno.
