España

De injurias a la Corona al enaltecimiento del terrorismo: temas pendientes de la Comisión que votó rebajar penas a ETA

Después del huracán mediático de la reforma impulsada por el Gobierno, la Comisión de Justicia vuelve a convertirse en el foco de todas las miradas

Máxima expectación de cara a la próxima ponencia de la Comisión de Justicia. Después de que el pasado 7 de octubre saltaran todas las alarmas por la reforma impulsada por el Gobierno de coalición gracias a la cual varios etarras podrán disfrutar de rebajas de penas de prisión, la comisión que en su día tramitó la Ley de amnistía vuelve a estar en el foco mediático.

El voto a favor de PP y Vox a la reforma legislativa, que permitirá que etarras como ‘Txapote’, ‘Gadafi’ o ‘Anboto’ puedan conmutar los años de cárcel cumplidos en Francia, se produjo el pasado 31 de julio en dicha comisión. Un “error” asumido por Génova y que el Senado intentó frenar a la desesperada con un veto ‘in extremis’, ignorado por la Mesa del Congreso.

Ahora, después de un “bajón de ritmo”, aludido por fuentes parlamentarias consultadas por Vozpópuli a un intento del PSOE por rebajar la tensión tras el huracán de la reforma lograda gracias a una enmienda de Sumar, la Comisión de Justicia empezará a rodar en los próximos días. Queda mucha tela que cortar y varias proposiciones de ley cuya tramitación seguirá trayendo cola.

Entre las proposiciones de ley que esperan en la recámara destaca la registrada por Sumar relativa a una reforma del Código Penal “para proteger la libertad de expresión y recuperar libertades públicas”. La propuesta, capitaneada por Enrique Santiago en la Comisión de Justicia, pone sobre la mesa despenalizar los delitos de injurias a las instituciones, entre los que se incluyen los referidos a la Corona.

Este punto de la reforma legislativa es casi ya una realidad, después de que el pasado mes de septiembre PSOE y los de Yolanda Díaz acordaran incluir este punto en el Plan de Regeneración Democrática anunciado por Sánchez. La proposición de ley registrada por Sumar también incluye la derogación del enaltecimiento del terrorismo, recogido en el artículo 578 del Código Penal, y marcada por los socialistas como una línea roja.

Aún queda por ver si, finalmente, los de Pedro Sánchez ceden una vez más ante sus socios de Gobierno, en un momento en el que las víctimas de ETA exigen al Ejecutivo prohibir los homenajes a etarras.

Acceso a la carrera judicial

En la cámara frigorífica de la comisión presidida por el socialista Francisco Lucas Ayala se encuentra otra proposición de ley registrada por los herederos de Podemos e Izquierda Unida: reformar del acceso a la carrera judicial. Los de Yolanda Díaz quieren sustituir el sistema de oposición libre por un examen similar al del MIR para que los candidatos sean valorados en función de la nota académica.

Esta reforma ha sido ampliamente criticada por jueces y magistrados que la entienden como un nuevo intento de “controlar ideológicamente el acceso a la carrera judicial”. Además, critican el discurso del Gobierno al mostrar como base de esta norma la idea de que los jueces forman parte de una casta elitista y de derechas.

Proposiciones del ley impulsadas por el PP

Entre las proposiciones de ley impulsadas por el Partido Popular destaca la relativa a la okupación ilegal. Los de Feijoó PP quieren implantar el “desalojo exprés”, es decir, forzar la salida en menos de 24 horas. En primer lugar, aboga por el desalojo voluntario una vez que es requerido por la autoridad, y si no se hace voluntariamente, transcurridas 24 horas, se podría efectuar el desalojo de forma forzosa.

Por el momento, esta iniciativa parlamentaria continúa estancada en el proceso de enmiendas, mientras la Mesa del Congreso favorece la tramitación de otras proposiciones de ley. Los ‘populares’ necesitarían también el sí de PNV, Junts y Coalición Canaria para sacarla adelante en la Comisión de Justicia.

El PP también se mantiene a la espera de que Armengol impulse la tramitación de su proposición de ley orgánica para modificar la delimitación de las competencias de la Audiencia Nacional en los casos de narcotráfico o blanqueo de capitales, entre otros. El objetivo es que los sumarios de "especial gravedad" sean trasladados a este órgano judicial lo que, junto a otras modificaciones, serviría para "agilizar" el trabajo de los juzgados de zonas como Barbate que se encargan de estos asuntos y que cuentan con escasos medios.

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