La querella contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por recibir en España a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, está en punto muerto en el Tribunal Supremo. Casi cuatro meses después de que un desconocido Partido Laócrata le denunciara, la Fiscalía no ha recibido la petición formal para que haga un informe, por lo que la institución encabezada por Dolores Delgado no ha dado su opinión sobre los hechos. Y esta parálisis, a su vez, impide que la Sala archive la causa o acepte la misma a trámite, tras lo que debería nombrar a un instructor para que investigue el caso, según explican diferentes fuentes jurídicas a Vozpópuli.
Este diario publicó el 23 de enero que Ábalos había recibido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a la número dos del régimen de Nicolás Maduro, que tiene prohibida su entrada en España y en el resto de países de la Unión Europea. Fue por ello que el Partido Laócrata interpuso días después, a principios de febrero, una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro por un presunto delito de prevaricación.
Desde entonces, el caso apenas ha avanzado. La ponencia del caso le correspondió al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena. Fuentes jurídicas explican que el Alto Tribunal reclamó a la Fiscalía a principios de marzo que explicara si consideraba procedente abrir una causa por el denominado Delcygate. Pero en el ministerio público una portavoz sostiene que en la institución dirigida por Dolores Delgado no han recibido ninguna comunicación al respecto por parte del Supremo.
Este es el motivo, relata la citada portavoz, por la que la Fiscalía no ha remitido al Supremo su informe sobre los hechos. Y sin la opinión del fiscal, el Tribunal Supremo no podrá tomar una decisión sobre la admisión a trámite o no de la querella. En el caso de aceptar que se inicien las pesquisas, la Sala deberá nombrar a un instructor para que investigue el caso.
Fuentes jurídicas recuerdan que el Real Decreto del Estado de Alarma, aprobado el 14 de marzo por el Gobierno, ha paralizado los plazos procesales, que se mantendrán congelados hasta que este jueves se reactiven, por lo que este podría ser el motivo del bloqueo.
El relato de los hechos denunciado por el Partido Laócrata consta de 21 folios. La querella hace alusión a que "las distintas versiones que dio el ministro Ábalos sobre lo ocurrido acreditan el dolo" y que cambió tantas veces su explicación "porque sabía que lo que hacía era ilegal". También destaca el incumplimiento de la decisión del Consejo de Europa que prohibía a la mandataria venezolana acceder al espacio Schengen.
Causa paralela
En el mismo sentido, la causa paralela que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid contra los policías que acompañaron a Ábalos durante su paso por Barajas también ha sufrido un importante parón con la crisis del coronavirus. Como no se considera una causa urgente, el juez que instruye la misma, Antonio Serrano-Arnal, no ha podido impulsar sus pesquisas, explican fuentes jurídicas a este diario.
Días antes de que se bloquearan los plazos procesales, el magistrado Serrano-Arnal, reclamó al Ministerio del Interior información sobre el protocolo del aeropuerto de Barajas en relación a los vuelos internacionales y cuáles son los agentes que se encargan de gestionar esta materia.
En concreto, tal y como adelantó Vozpópuli, el juez pidió al Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que le indicara qué funcionarios eran "los encargados de cumplimentar las directrices que tiene el aeropuerto de Barajas en materia de pasajeros de vuelos internacionales".
