La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción ha interpuesto una denuncia contra el Gobierno de España por "obstruir" la tramitación de prestaciones sociales a la ciudadanía durante el estado de alarma y haber obrado "de mala fe y de forma temeraria contra los ciudadanos, familias y niños de este país dejándolos abandonados en una situación económica de pobreza y hambre".
Según la querella presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el presidente de la asociación, Manuel Romeral, se considera víctima "junto a más ciudadanos españoles" por la actuación del Gobierno", cuya "obstrucción" durante el estado de alarma ha provocado que familias vulnerables hayan tenido que "solicitar ayudas a instituciones y ONGs para poder dar de comer a sus hijos", algo que "no se había visto en España desde la guerra civil".
Esta actitud del Ejecutivo, destaca el denunciante, ha impedido que "los ciudadanos puedan hacer uso de sus derechos para solicitar las prestaciones ofrecidas por el Servicio Público de Empleo". La asociación señala que mientras "el Gobierno anunciaba miles y millones de euros en ayudas con ERTES y despidos motivados por la pandemia del Covid-19", se impedía el acceso a las prestaciones "pues las oficinas del SEPE se encontraban cerradas" o "los servicios telemáticos sin servicio".
En este sentido, la denuncia apunta a que los servicios del SEPE están enfocados "clarísimamente a que la ciudadanía no pueda ponerse en contacto por ninguno de los medios disponibles para ejercer sus derechos solicitando las prestaciones pertinentes, el derecho a la información o simplemente el servicio de atención al ciudadano", lo que ha provocado, a su juicio, "un daño irreparable a familias y niños sin recursos".
Sin embargo, desde la AECC comprenden la saturación de los funcionarios en la atención a los ciudadanos en los momentos de la pandemia. "Pero lo que no podemos entender que tanto los servicios telefónicos o telemáticos estén fuera de servicio continuamente, son máquinas, no funcionarios", aseveran.
Presuntos delitos
Romeral subraya que la conducta del presidente, Pedro Sánchez, y demás responsables puede ser "constitutiva de presuntos delitos contra la ciudadanía al impedir de forma deliberada que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a las prestaciones, dejándoles en una situación de vulnerabilidad, propiciando la desprotección a los desempleados la pobreza o el hambre, incluso de niños".
La denuncia también ha sido interpuesta contra la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, así como contra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y diferentes directores y subdirectores del Servicio Público de Empleo, entre otros.
