A falta de poco más de un mes para que inicie el juicio contra los dos agentes de los Mossos d'Esquadra que ayudaron a Carles Puigdemont a huir a Bélgica, se presentan nuevas denuncias contra la dirección política de la policía autonómica al considerar que siguen actuando en favor de los intereses del expresidente de la Generalitat fugado de la justicia española.

Según ha podido saber Vozpópuli, este viernes 16 de abril se ha presentado una nueva denuncia en los juzgados de Barcelona contra el conseller de Interior, Miquel Sàmper, y su predecesor en el cargo Miquel Buch por un presunto delito de "malversación y prevaricación por tener a diez mossos de Escuadra, es decir un servicio público, vigilando de manera continuada las 24 horas, en turnos rotativos, la casa y la familia del expresidente Puigdemont en la urbanización del golf de la localidad de San Julián de Ramis en la provincia de Gerona".

Inma Alcolea, la excabo purgada por los Mossos -a quien posteriormente la justicia la dio la razón- es quien ha interpuesto la denuncia ante el juzgado de Guardia de Barcelona después de que el pasado mes de febrero la Fiscalía Provincial de Gerona le notificara el archivo de la denuncia penal que presentó por los mismos hechos.

Diez mossos las 24 horas

En su escrito la denunciante expone que desde 2018 hasta el día de hoy, diez agentes de la policía autonómica vigilan, en pareja y en turnos rotativos de 24 horas, ininterrumpidamente, la casa y la familia de Puigdemont, procesado por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos y, actualmente, procesado en rebeldía.

La Fiscalía Provincial de Gerona archivó la primera denuncia porque desde el Departamento de Interior se motivó la protección de la finca en un “informe de riesgos” elaborado por los propios Mossos en relación a la familia del expresidente.

Los diez agentes del cuerpo autonómico se ubican en un emplazamiento parecido al de los guardias civiles que custodian el chalet del matrimonio de Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, e Irene Montero, ministra de igualdad.

Se trata de una caseta prefabricada, justo en el exterior de la casa unifamiliar, ubicada en la urbanización del golf, de la localidad de Sant Julià de Ramis. En la vivienda viven habitualmente la mujer de Puigdemont, Marcela Topor y sus dos hijas.

"Pagado por todos los españoles"

"Ese servicio público de diez mozos de escuadra, pagado por todos los españoles, cuya única función radica en la protección de manera ininterrumpida, en turnos rotativos día y noche, de la casa y de la familia de un expresidente de la Generalidad de Cataluña, un presunto delincuente procesado por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos, y que se encuentra en rebeldía", abunda Alcolea en su escrito.

De acuerdo con la denunciante esta protección "no está justificada". A su juicio en los últimos tres años y medio no ha habido ningún tipo de amenaza o algún acto de violencia realizada contra la mujer del exmandatario catalán ni contra ninguna de sus dos hijas. Tampoco se ha producido ningún daño en las instalaciones de la vivienda.

Para apoyar esas afirmaciones sostiene que los jefes de la Policía, así como los jefes de sala u operadores de sala regional de coordinación operativa, no han tenido conocimiento de ningún tipo de amenaza o acto vandálico. Añade que las "únicas amenazas" son "con anterioridad al 2018", y que más que amenazas en strictu sensu son "simples deseos de que se muera o insultos que se han producido vía Twitter".

Igualmente, la denuncia señala que existe delito de prevaricación y malversación “en base a la negativa informada a la Generalidad de Cataluña y a su director general de policía, anterior y actual (Martínez Hernández y Ferrer Sastre) por parte del Ministerio del Interior, de dotar al ex presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont de servicios públicos de seguridad personal”.

Doble rasero con la casa de Llarena

Alcolea también considera que el servicio policial podría realizarse por parte de la Área Básica Policial de Gerona o por parte de la Comisaría de Distrito de Bañolas. Pero no durante tres años por diez mossos las 24 horas del día.

En relación al informe de riesgos elaborado por la Dirección General de Policía, pide que sean analizadas "las denuncias policiales y posteriormente judiciales y su motivación (amenazas, coacciones, difamaciones, insultos, daños en bienes…)" para ver si está justificada la presencia de estos diez agentes. Y, a modo anecdótico, recuerda que la Dirección General de Policía no realizó ningún informe de riesgos sobre la multitud de actos de violencia contra sus bienes o de amenazas e insultos que sufrió el magistrado Llarena.

En los próximos días el juzgado de Barcelona deberá pronunciarse sobre dicha denuncia y si emprende diligencias contra el actual conseller Sámper y los demás denunciados.

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