Un funcionario del Gobierno viajará en las próximas semanas a los territorios del Sáhara Occidental para dar fe de vida sobre las viudas de exmilitares españoles que habitan en los territorios de la antigua colonia española. Será la primera delegación que vuele hasta el desierto desde que se consumara el inesperado giro diplomático y político que realizó España en 2022 para alinearse con el Reino de Marruecos, el cual afectó considerablemente a las relaciones con el Frente Polisario y con Argelia, el principal aliado regional de los saharauis.
Desde hace años, unas cuantas decenas de esposas de habitantes del Sáhara Occidental que sirvieron para el Ejército español litigan contra la Administración española para tratar de obtener la pensión de viudedad que -consideran- les corresponde. Son ya mayores y, de hecho, algunas fallecieron antes de que se resolvieran sus expedientes, pero las que han sobrevivido al paso de los años y a la burocracia tratan de obtener este reconocimiento.
En otros muchos casos, son sus descendientes los que batallan para poder recibir la asignación que sus madres no pudieron recibir en vida. El principal escollo con el que se encuentran es que si las beneficiarias originales fallecieron antes de que se el concediera la retribución -tras el fallo del Tribunal Supremo en 2019- sus descendientes no tienen la opción de acceder a dichos pagos.
Los maridos de las damnificadas formaron parte de las fuerzas militares españolas durante la época colonial, antes de que Marruecos iniciara la 'marcha verde'. Estos soldados realizaron, entre otras, las labores propias de vigilancia y control de fronteras dentro de un territorio que en las últimas décadas ha sido uno de los puntos calientes del Sáhara; y que implica a varios países de la región.
Según la abogada defensora Fátima M-Fadel, hasta el momento se han resuelto 104 expedientes a favor de estas mujeres, mientras que 18 todavía están pendientes de cerrarse. Entre medias, una decena finalizó por la muerte de la interesada o por la falta de toda la documentación requerida, que en algunos casos ha sido muy complicada de obtener; o directamente imposible.
Entre las principales de trabas con las que se topan aquellos que no viven en España es la imposibilidad de acudir a un Registro Civil para presentar la documentación. El Sáhara sufre desde hace décadas los coletazos de un limbo administrativo, el cual -según denuncia la comunidad saharaui- está lejos de disiparse hasta que sea reconocido como un nuevo Estado, o bien, España asuma su responsabilidad en esta área.
Matrimonios polígamos
Algunas de las viudas participaron en matrimonios polígamos, por lo que se dio la circunstancia de que algunas de ellas percibieron la pensión tras la muerte de su marido, pero otras, tuvieron que reclamarla. De hecho, el Tribunal Supremo falló en 2018 -según detalló El Mundo- a favor de la segunda viuda del soldado Mohamed Messaud Abderraman, lo que abrió al puerta a otras mujeres a reclamar este reconocimiento.
Mientras el resto de las pensiones del Estado las gestiona el Ministerio de Seguridad Social, la competencia en este caso la tiene el departamento de Defensa. Es decir, el encabezado por Margarita Robles. Esta condición 'especial' de las viudas saharauis convierte el proceso administrativo en un auténtico laberinto burocrático que la comunidad saharaui lleva denunciando desde hace años.
Se estima que la prestación económica embolsada en este tiempo le ha correspondido a 1.500 viudas, de las cuales la mayoría han sido residentes en Canarias. Sin embargo, otras habitan o habitaban en El Aaiún y otros campamentos, algunos, nómadas, lo que complicó su caso.
Laberinto burocrático
La Administración española exige para conceder esta pensión varios requisitos: primero, que los militares fueran saharauis, y no marroquíes. Segundo, que estuvieran en posesión de un DNI bilingüe. Tercero, que la pensión de retiro que cobraran fuera otorgada por los servicios prestados al Ejército español. Y, por último, que sus viudas hayan sido capaces de probar su vínculo matrimonial con los fallecidos.
Las fuentes de la defensa de estas mujeres con las que ha contactado Vozpópuli lamentan la lentitud de estos procesos administrativos y las trabas que ha puesto el Ministerio de Defensa durante los últimos años para conceder estas pensiones, pese a que en algunos casos existían resoluciones judiciales favorables.
En este sentido, definen como 'hostil' la actitud del Gobierno hacia los saharauis, frente a la simpatía que perciben en la opinión pública española. Sea como sea, es el momento más complejo desde que se produjo la 'marcha verde', después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez expresara su apoyo a la polémica propuesta de autonomía para la región que realizó Marruecos en 2007.
La comunidad saharaui entiende el giro político de Sánchez como una nueva traición a un pueblo que sigue sufriendo la falta de responsabilidad del Gobierno español para con su antigua colonia. El último revés se ejecutó hace una semana en el Congreso de los Diputados, cuando la bancada socialista emitió su voto negativo -el único en la Cámara- en contra de la tramitación del proyecto ley presentado por Unidas Podemos para conceder la nacionalidad española a todos aquellos saharauis nacidos antes de 1976. Un nuevo guiño a Mohamed VI, capitán del reino alauí.
