Los directores de institutos públicos de Barcelona y de la comarca del Maresme exigen al Gobierno catalán conocer las consecuencias que tendría el previsible desacato de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a garantizar un 25% de clases en castellano en todos los centros escolares catalanes.
Los directores se han dirigido por carta a los responsables de los Servicios Territoriales de Educación de Cataluña para forzar a la Consejería de Educación que lidera Josep Maria Gonzàlez-Cambray a responder ante el incumplimiento del fallo pretendido por el grueso de la comunidad educativa catalana.
"Hay que concretar cuál será la responsabilidad de las direcciones en esta cuestión, y más teniendo en cuenta las posibles repercusiones profesionales que se pueden derivar de una actuación que no sea legalmente correcta. Es necesario, pues, aclarar cuál será la posición política del Gobierno de la Generalitat en esta cuestión y saber cómo nos afectará", recoge el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Defendemos el modelo de inmersión lingüística como único modelo posible y de éxito. Necesitamos saber cuál es la posición del Gobierno en la cuestión del 25% del castellano y cómo puede afectar los centros", continúan los autores de la misiva.
La aplicación de la sentencia
La aplicación de la sentencia es inminente. Desde que el Tribunal Supremo avalase el fallo del TSJC y deviniese en firme, las direcciones de los centros se han visto sumidas en la intranquilidad. Muchas de ellas se han mostrado dispuestas a saltarse la ley, pero quieren que la Generalitat también se posicione y les brinde algún tipo de cobertura legal. Precisamente, este es uno de los reclamos que los sindicatos docentes, con USTEC a la cabeza, han incluido entre su batería de exigencias en la huelga que comenzó este martes y se prolongará durante cinco días.
Tal y como publicó este diario, las secciones de enseñanza de CCOO y UGT en Cataluña también asumieron la defensa de la inmersión lingüística en catalán como una de las reivindicaciones de la manifestación. El origen de la protesta, aparte de las condiciones laborales, está en la modificación del calendario escolar. El inicio del curso 22/23 arrancará el próximo 5 de septiembre en Infantil y Primaria y el día 7 en Secundaria, y no el 12, como estaba estipulado hasta ahora. Un cambio que ha provocado un gran malestar entre los docentes.
El profesorado ha salido a la calle este martes para restablecer el horario lectivo anterior y un 6% del PIB en Educación, pero también "la asunción de responsabilidad del Departamento de Educación en la defensa de la inmersión lingüística y cobertura legal de todo el personal" de los centros escolares. Además, los sindicatos han exigido la dimisión de González-Cambray.
Aulas empapeladas con carteles
Entidades como la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) han criticado que este asunto se ‘cuele’ en la huelga docente y también que los directores de los centros escolares se hayan mostrado dispuestos a actuar al margen de la ley en las distintas cartas enviadas a los Servicios Territoriales de Educación.
Pero el asunto no queda ahí. Distintos centros escolares amanecieron en la mañana del martes empapelados con carteles en defensa de la inmersión lingüística 100% en catalán y contra la sentencia del TSJC. Ejemplo de ello es la escuela El Sagrer, en el distrito barcelonés de Sant Andreu. Según la AEB, este centro ha empapelado las aulas con carteles en contra del fallo judicial. Con lemas como "No al 25%" o "La inmersión lingüística es garantía de cohesión social", este colegio -denuncia la entidad presidida por Ana Losada- "airea su desacato a la sentencia". Esta entidad ya ha anunciado que llevará el caso ante la Alta Inspección Educativa.
Aparte de las quejas por el desconocimiento en torno a las repercusiones profesionales que podría tener el incumplimiento de la sentencia del TSJC, los profesores y directores se han puesto en pie de guerra contra la Consejería de Educación catalana por otros motivos como los recortes de la Generalitat desde 2010 como respuesta a la crisis económica; el empeoramiento de sus condiciones laborales derivado de la falta de financiación; las ratios descompensadas y la elaboración de nuevos currículos donde se elimina Filosofía.
La manifestación del martes fue secundada por 22.000 asistentes según la Guardia Urbana, la mitad de los que aseguran los sindicatos organizadores. De acuerdo a las organizaciones sindicales, la huelga ha sido secundada por un 60 y 70% de los docentes en la pública, pero la Generalitat lo reduce al 31,3%.
