El Gobierno dará al rey un aforamiento al rey más extenso que el que tienen los propios diputados y que cubrirá tanto el ámbito civil como el penal. Así lo dispone en una enmienda a la Ley de Racionalización del Sector Público que el Congreso prevé aprobar el martes. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado hoy esa enmienda que permitirá que sea votada el martes y aprobada el mismo jueves en un procedimiento que deja
El Gobierno aprobará el martes la nueva norma en un procedimiento express
La Ley se presentó el pasado 31 de enero y la norma no regula en absoluto la Corona sino que pretendía aprobar recortes en la Administración Pública, enunciando que “abordar una profunda reforma de las Administraciones Públicas es una cuestión ineludible. Se debe asegurar que los servicios públicos se prestan de la forma más eficiente y al menor coste posible”, enuncia la ley.
El aforamiento del rey no sólo está siendo cuestionado por el procedimiento que se utiliza sino también por su alcance. El Ejecutivo pretende conceder a don Juan Carlos un aforamiento completo que alcanzaría tanto el ámbito penal como el civil, pese a que el CGPJ se ha mostrado partidario de limitar el blindaje legal y pese a que el Tribunal Constitucional ha declarado en tres sentencias la inconstitucionalidad de ese blindaje completo.
En su doctrina fijada en sentencias con fechas de 1988, 1989 y 1990, el TC establece debe limitarse doblemente el privilegio del aforamiento: en primer lugar, establece que tanto la inviolabilidad como la inmunidad están concebidas en la Constitución como fórmulas para garantizar el funcionamiento de las instituciones y no de las personas que las ostentan. Esa primera demarcación haría difícilmente extensible a Don Juan Carlos, quien carecerá de función institucional, el privilegio del aforamiento. Pero en segundo lugar, y sobre todo, marcan un límite objetivo al blindaje judicial: determinan que no puede extenderse a la vía civil, en la que don Juan Carlos puede encontrar demandas por daños, impagos, etc. “Este no es un derecho absoluto ni ilimitado”, concluye el Alto Tribunal.
Pese a ello, el Gobierno ha vuelto a defender hoy el aforamiento completo del rey. En concreto, ha sido la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, la que ha justificado “la urgencia” en la medida.
Sin el apoyo de los partidos de la oposición
El PSOE no ha dado todavía su apoyo al texto que ha planteado el Gobierno. El Ejecutivo tanteó al PSOE y a UPyD sobre la posibilidad de blindar plenamente al monarca saliente pero no llegó a elevarles ningún texto. Las enmiendas presentadas ahora no cuentan con el apoyo de esas formaciones que no se han pronunciado todavía sobre el sentido de su voto el próximo martes.
Esos grupos recelan del aforamiento completo recordando las sentencias del TC que fijaban como doctrina que "se confieren los privilegios, no como derechos personales, sino como derechos reflejados de los que se goza en su condición de miembro de la Cámara legislativa y que sólo se justifican en cuanto son condición de posibilidad del funcionamiento eficaz y libre de la institución”, concluye el último fallo de 1990 que añade que debe “rechazarse en consecuencia, todo criterio hermenéutico permisivo de una utilización injustificada de los privilegios que conduzca a un resultado de privación, constitucionalmente lícita, de la vía procesal pertinente prevista en la Ley”.
