Las espadas están alto y lejos de bajarse. El Gobierno apurará hasta el final la batalla de Doñana con el PP y se niega a negociar con la Junta de Andalucía, presidida por el popular Juanma Moreno, antes del 28-M. Es más, Moncloa exige que se retire el plan de regadío presentado por Sevilla. Aunque trabajan con el escenario de que el Ejecutivo andaluz también mantenga la pelea hasta el domingo electoral y después dejen caer la propuesta.
El Ejecutivo achaca a un “error” de cálculo la propuesta de la Junta y ve al PP preso de Vox. Es más, creen que todo se explica por la competencia de los populares con los de Santiago Abascal. En plata: que Moreno Bonilla, por impedir que Vox le robe los votos de los agricultores que viven de los cultivos de regadío en la comarca onubense, ha decidido impulsar una propuesta para erigirse en salvaguarda de los intereses económicos de la zona y envolverse con la bandera andaluza.
El problema es que Moncloa elude su parte de responsabilidad, ya que el expediente sancionador de Bruselas es contra el Gobierno de España, no contra la Junta de Andalucía. El Ejecutivo echa balones fuera, porque incide en que para meter mano al problema medioambiental de Doñana necesita el concurso de la Junta, porque tanto las políticas medioambientales como agrícolas como de reordenación del territorio son competencia autonómica. En Moncloa no ven margen alguno de maniobra para negociar y se escudan en la "ilegalidad" de la propuesta de Junta.
Presión con la Unesco
La Junta admite las reticencias de la Comisión Europea al plan de la Junta, que pretende legalizar terrenos ilegales para el cultivo, tras la reunión del comisario europeo con el consejero andaluz de medioambiente. El Ejecutivo insiste en que la Unión querría ya el cierre de todos los pozos, pero se esmera en explicar a Bruselas que no se puede efectuar con tanta premura porque debe atender a los estudios de impacto medioambiental y respetar, además, los procesos administrativos. Y mete presión a Moreno deslizando que la Unesco ya está pendiente de la situación por si inicia el proceso para descatalogar a Doñana como patrimonio de la humanidad.
Moncloa cree haber doblado el pulso del PP. Por eso, el presidente recurrirá al humedal durante la comparecencia en el Senado para confrontar con Alberto Núñez-Feijóo. Pero Pedro Sánchez deberá explicar por qué utiliza la sentencia europea contra el Gobierno andaluz si compete el Ejecutivo central hacerla cumplir. Es más, esa es una condena a la Junta de Andalucía que presidía entonces la socialista Susana Díaz. Sánchez ha convertido Doñana en uno de los ejes de la campaña del PSOE. Y libra la batalla contra la propuesta de Juanma Moreno en varios escenarios. Uno de ellos es la Unión Europea.
El Gobierno ha aumentado deliberadamente la confusión sobre el rechazo de Bruselas a la proposición de ley de regadíos en Doñana. Hasta el punto de que no se sabe muy bien si Bruselas se queja de la norma andaluza, de la sentencia del 2021 a la que Sánchez y Ribera aluden cada día o de ambas.
La responsabilidad del PSOE
La única carta de la Comisión -con fecha 20 de marzo- tiene como remitente a la Dirección General de la Comisaría de Medio Ambiente. Y el destinatario es el responsable de la Representación Permanente de España en Bruselas. Luis Planas Herrera, secretario de Acción electoral, Participación y UE del PSOE e hijo del ministro de Agricultura, Luis Planas, es asesor de la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooljer, autora de la carta.
La misiva cita específicamente que el borrador presentado por la Junta de Andalucía pone en riesgo la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 24 de junio de 2021. Lo que Sánchez y, sobre todo, la ministra Ribera ocultan deliberadamente es que esta sentencia se refiere a un procedimiento abierto contra España cuando el PSOE, y en concreto, José Antonio Griñán primero y Susana Díaz a continuación, gobernaban la Junta de Andalucía.
El caso se remonta a 2009, cuando la Comisión Europea y el Parlamento Europeo recibieron varias quejas denunciando el deterioro del Espacio Natural Protegido de Doñana. El presidente de la Junta de Andalucía entonces era Griñán. Bruselas abrió expediente a España en 2014, ya con Susana Díaz, y cinco años más tarde elevó el asunto a la Justicia europea tras constatar que las autoridades nacionales no habían actuado para remediar los problemas identificados.
Palacheca
Sin el bolso de Todo a 100 de Rita Barberá, sin los trajes de Camps, sin el chapapote de Aznar, España se queda sin Socialismo barato, que no es otra cosa que la Extrema Izquierda de toda la vida.
Valoriano
Ha este gobierno le importa un huevo Doñana, la inflación,la cesta de la compra el precio de la luz, carburantes, etc. Su lucha esta en los VOTOS. Y así nos va.