El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha aportado nuevas pruebas que podrían beneficiar a su defensa en el marco de la causa abierta por la 'operación Mito', vinculada a la trama liderada por el narcotraficante gallego Sito Miñanco. El letrado chileno presentó el pasado viernes ante la Audiencia Nacional un informe en el que se muestran los registros migratorios de uno de los acusados, González Rubio, que según su defensa servirían para desmontar parte de la acusación del Ministerio Fiscal.
En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, aparecen los registros migratorios oficiales emitidos por Colombia que demostrarían que uno de los investigados, por servir presuntamente de "correo humano" para transportar 889,620 euros desde España hacia Colombia de la red de Sito Miñanco, estaba en el país latinoamericano en el momento en el que la Fiscalía le ubica en una reunión en Madrid con varios de los acusados. El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que en febrero de 2017, González Rubio, Puentes García y García Arango se reunieron en el despacho del letrado chileno para hablar de la recuperación de los casi 900.000 euros intervenidos en el aeropuero de Barajas.
Según mantiene la defensa de Gonzalo Boye, dicha reunión no pudo producirse puesto que González Rubio estuvo en Colombia entre el 10 y el 21 de febrero. En esta línea, los abogados de Boye aportan, junto al informe de movimientos migratorios, el pasaporte de González Rubio, al que ha tenido acceso este medio, en el que aparece el sello del Aeropuerto El Dorado (Bogotá) justo el 10 de febrero, cuatro días antes de la primera reunión a la que apunta la Fiscalía en su escrito de acusación. Poco más de una semana después, el 21 de febrero de 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia registra la salida del acusado de Colombia con dirección Madrid.
La defensa del letrado chileno argumenta que, este nuevo informe que ya ha sido adherido a la causa este mismo lunes en la causa juzgada en la Audiencia Nacional, descartaría la posibilidad de que, al menos, durante las fechas señaladas en dicho escrito se produjera una reunión entre Sito Miñanco, Gonzalo Boye y González Rubio. De esta forma, la representación legal de Boye sostiene que la única reunión que se produjo el 14 de febrero de 2017 en el despacho de Boye fue con Alejandro Guerra y Jesús Morán, otro de los abogados acusados de blanqueo de capitales, "para valorar los aspectos legales de la recuperación de los fondos incautados".
Geolocalización de los móviles de los acusados
Respecto a la presencia del histórico narco gallego en dichas reuniones, los abogados de Boye aluden a varios informes periciales sobre la geolocalización de varios de los acusados que podrían en duda que Boye se reuniera con varios de ellos. En concreto, Manuel Puentes Saavedra y González Rubio testificaron durante la instrucción que se habían reunido con Sito Miñanco para organizar el trasporte de los casi 900.000 euros en el despacho de Boye. Según argumenta su defensa, y se recoge en un informe policial, Sito Miñanco estuvo en Algeciras los días 8 y 14 de febrero, por lo que no pudo estar en Madrid, donde se ubica el despacho del abogado chileno.
Por su parte, la Fiscalía mantiene en su escrito de acusación que "para encontrar la forma de recuperar el dinero" tuvo lugar un primer encuentro, pocos días después del operativo de Barajas, "en el que participaron Puentes Saavedra, Prado Bugallo (alias Sito Miñanco) y García Arango (conocido narcotraficante) con los acusados Gonzalo Boye Tuset y Jesús Morán Castro". En dicho encuentro, ambos abogados "les informaron que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio en el expediente sancionador que permitirían así justificar el origen legal del dinero intervenido ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera".
El escrito recoge que "siguiendo las instrucciones de Boye", unos días después, se vuelve a producir otra reunión en el despacho de Madrid, para que González Rubio "firmara los contratos de adquisición y venta de las letras de cambio" que Boye y otros dos abogados habrían presuntamente confeccionado.
En esta misma línea, ha declarado este lunes en Sala el inspector jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, quien ha apuntado al abogado de Puigdemont como "la persona encargada de dirigir cómo justificar" los fondos incautados por la Policía Nacional. Asimismo, el agente ha descartado que los 889.620 euros encontrados en el doble fondo de una maleta con destido Colombia fuesen de González Rubio, sino que dicho dinero pertenecía a la red liderada presuntamente por Sito Miñanco.
Cabe destacar que el propio González Rubio, considerado por los investigadores como uno de los "correos humanos" de la organización criminal para transportar dinero entre España y Colombia, ha vuelto a cambiar de versión a pocos días del juicio. En un escrito remitido a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el acusado defiende que el dinero era suyo y no del histórico narco gallego.
Ahora, cinco años después de los hechos encausados, Sito Miñanco y Gonzalo Boye se han sentado este lunes en el banquillo de los acusados. El abogado de Puigdemont, que ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares escoltado por la cúpula de Junts (con Miriam Nogueras, Laura Borrás, Jordi Turull o Quim Torra a la cabeza), se enfrenta a la petición por parte de la Fiscalía de una pena nueve años y nueve meses de cárcel.
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