Arranca en la Audiencia Nacional el macrojuicio contra Sito Miñanco y otras 47 personas por su presunta relación con la 'operación Mito'. En el banquillo de los acusados se sentará este lunes el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental. Ahora, con la continuidad del juicio que arranca este 18 de noviembre en el aire, el chileno recurre 'in extremis' a la declaración de un testigo clave que podría favorecer a su defensa.
La acusación de la Fiscalía Especial Antidroga sobre el letrado, considerado como uno de los grandes artífices de la ley de amnistía, se centra principalmente en su presunta implicación en un intento de blanquear 889.620 euros incautados a la red relacionada con el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco. Los hechos se remontan al año 2017 cuando la Policía Nacional del Aeropuerto de Barajas incautó dicha cantidad en una maleta con destino Colombia. El Ministerio Fiscal sostiene que Boye elaboró documentación falsa y varios contratos de compraventa para ocultar el origen ilegal del dinero.
Como contrapartida, su defensa solicitará al inicio de la vista oral que se tenga en consideración el testimonio que otro de los acusados prestó en instrucción, después de que se haya conocido su fallecimiento. La declaración de Rafael V. es de vital importancia para la defensa de Boye, ya que este era uno de los hombres que presuntamente firmaban las letras de cambio a favor de Manuel González Rubio, uno de los presuntos transportistas relacionados con los fondos de Sito Miñanco. La Fiscalía pide nueve años y nueve meses de cárcel a Gonzalo Boye por la presunta elaboración y falsificación de esos contratos mercantiles.
En su declaración, el fallecido afirmó que no conocía al abogado de Puigdemont y que desde 2015 acudía a firmar letras cambiarias de préstamos hipotecarios a una notaría en la calle Rafael Salgado de Madrid. Según detalló en instrucción, esta tarea la hacía siempre a petición de Juan José Barroso, otro de los imputados, y que a cabio recibía pequeñas cantidades de dinero.
La versión de Rafael V. es clave para la defensa de Boye, ya que le desvincula de la firma de los contratos mercantiles con los que le relaciona la Fiscalía. En consecuencia, el letrado pedirá la adveración de esa declaración para que se tenga en cuenta como prueba preconstituida en el juicio.
Cambio de versión de uno de los acusados
En la misma línea, cabe destacar que González Rubio, sobre cuyo testimonio -entre otras cosas- se apoya el escrito de acusación del Ministerio Público, ha cambiado recientemente su versión sobre el origen de los casi 900.000 euros incautados por la policía en 2017, y que dio lugar a la apertura de una pieza separada en la que aparece Boye como imputado. Ahora, en un escrito remitido a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, defiende que el dinero era suyo.
En su primera declaración González Rubio apuntó a Manuel Puentes Saavedra como la persona encargada de introducir dichas cantidades en las maletas requisadas por los agentes. Anteriormente, este había declarado que el dinero era en realidad de Sito Miñanco; lo que junto a otras pruebas aportadas al caso derivó en una acusación contra su abogado Gonzalo Boye.
En el escrito su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal sostiene que Boye, en calidad del histórico narco gallego, ayudó a elaborar documentación falta que permitió a Sito Miñanco y la organización criminal blanquear fondos de origen ilícito. Por su parte, la defensa del chileno ha mantenido desde el inicio del caso que esos documentos se los entregó el propio González Rubio y que ya habían sido firmados anteriormente ante notario por su Rafael V., ahora fallecido, y cuyo testimonio considera clave para su defensa.
En paralelo, la defensa del chileno utilizará como prueba en el juicio varios informes periciales de la geolocalización de los móviles de los acusados que pondría en duda que Boye se reuniera con varios de ellos, en una reunión clave para sostener la acusación sobre el letrado que mantiene el Ministerio Fiscal. En concreto, Manuel Puentes Saavedra y González Rubio dicen haberse reunido con Sito Miñanco para organizar el trasporte de los caso 900.000 euros en el despacho de Boye. Según defiende su defensa, estos informes periciales sitúan en puntos diferentes, lo que descartaría que dicha reunión se produjera.
Cinco años después, los presuntos implicados se sientan este lunes en el banquillo de los acusados en el marco de un macrojuicio contra 48 personas, entre los que destaca el histórico narco Sito Miñanco. La Fiscalía pide para él en total 31 años de prisión.
