El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por senadores del PP contra la disposición final cuarta de la Ley de Paridad, una enmienda que modificaba la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar la capacidad de veto del Senado sobre los objetivos de estabilidad, paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Fue en mayo cuando los dos partidos del Gobierno de coalición (PSOE y Sumar) colaron una enmienda para impedir al Senado su veto a los Presupuestos. Ambas formaciones impulsaron el cambio para que una mayoría simple del Congreso fuera suficiente en caso de que la Cámara Alta rechace los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Era la forma que tiene el Ejecutivo de sortear la mayoría absoluta del PP en el Senado. El plan del PSOE y Sumar permitiría que, aun no habiendo superado la votación en el Senado, los objetivos de estabilidad puedan ser aprobados con el respaldo del Congreso, donde la coalición tiene mayoría.
"El Gobierno está acostumbrado a recurrir a trámites fraudulentos y por la puerta de atrás para saltarse los controles establecidos en las Cortes Generales", ataca la portavoz popular en el Senado, Alicia García, en declaraciones a Vozpópuli. "No es la primera ni la única vez que lo hemos visto", añade. La portavoz popular en la Cámara Alta subraya los cinco preceptos constitucionales que su formación considera vulnerados con el movimiento –23, 90.2, 66.2, 134 y 135– y recalca la palmaria ausencia de la necesaria "conexión de homogeneidad" de esta enmienda con el objeto del proyecto de ley fue puesta en evidencia por el Informe de la Letrada de la Comisión de Igualdad del Congreso.
PSOE y Sumar justificaron su movimiento en que la actual redacción vigente implica un modelo bicameral perfecto que no se corresponde al que establece la Constitución, que dota de más peso a la Cámara Baja. Además, también arguyeron que ese redactado permitiría un bloqueo de las cuentas generales del Estado. Es más, sostienen que el Consejo de Estado advirtió en 2012 de la necesidad de prever un tratamiento específico alternativo para superar esta situación. Dos argumentos que no pesan ni 10 gramos para la oposición, que rápidamente salió en tromba contra lo que consideraron una "treta parlamentaria".
"La debilidad parlamentaria del Gobierno y la minoría de su grupo parlamentario en ambas cámaras, siempre a expensas del Tetris de sus socios", lleva a que, "ante su incapacidad para hacer las cosas por los caminos legales y los trámites necesarios, tenga que recurrir argucias o incluso despreciar al Senado, la Cámara que representa la voluntad soberana de los distintos territorios de España", zanja la portavoz popular.
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