El rey emérito Juan Carlos I ha contratado los servicios del despacho de abogados Clifford Chance para que lleven su defensa en la demanda presentada por Corinna Larsen contra él ante la High Court de Londres, y en la que le acusa tanto a él como a los servicios secretos españoles de "vigilancia ilegal" en el Reino Unido y de hostigarla desde 2012 mediante amenazas, difamación y espionaje encubierto.
Según adelantaba este miércoles El Confidencial, y ha podido confirmar en fuentes jurídicas Europa Press, este bufete, que tiene oficinas en 31 ciudades repartidas por todo el mundo --incluido en Abu Dhabi--, será quien represente al exmonarca en esa demanda presentada en diciembre de 2020 por el despacho que representa a su examante.
Clifford Chance se presenta en su portal web como uno de los despachos más destacados del mundo, con variedad de recursos en los cinco continentes, y que basa su funcionamiento en el trabajo colegiado a partir de equipos. "Siempre nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes", dicen en su presentación, para luego añadir que su objetivo es que sea fácil trabajar con ellos, teniendo los pies en la tierra y siendo accesibles.
En su demanda, Larsen solicita ser indemnizada por la "vigilancia ilegal" que sufrió de los servicios secretos españolesy que el emérito no se pueda acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias. Alega que el CNI, su entonces titular Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el de Juan Carlos I, la pusieron tanto a ella como a personas de su entorno "bajo vigilancia física que incluía vehículos y personal vigilancia, invadir su propiedad en la que residía y espiar en sus teléfonos y ordenadores".
Además, reseñaba en el escrito que fue amenazada por el emérito, que lleva más de un año residiendo en Emiratos Árabes Unidos, quien supuestamente le dijo que las consecuencias para ella 'no serían buenas' si no hacía lo que se le dijese; pero también por Sanz Roldán, quien en una reunión en Londres en 2012 le indicó que no podía garantizar su seguridad física ni la de su hijo.
Las comisiones rogatorias
La noticia de que será este bufete quien lleve a la defensa de Juan Carlos I llega después de que el Ministerio Fiscal informara el pasado viernes de que se han cursado diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, para avanzar en las diligencias en torno al Rey emérito y poder "confirmar o descartar" los indicios delictivos que ya tiene sobre el origen de la fortuna de Juan Carlos I o "incluso abrir otras vías de investigación".
El abogado del emérito reaccionó a esto denunciando por medio de un comunicado que se había vulnerado la presunción de inocencia de Juan Carlos I por las "graves afirmaciones" que la Fiscalía habría vertido en una petición de información a Suiza sobre el origen de su fortuna y que apuntaba a que habría cobrado comisiones internacionales de forma ilegal y con ello podría haber incurrido en delitos contra la hacienda pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.
