Javier Alvarado Ochoa permanecerá en España. La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición del exviceministro de Energía de Venezuela y expresidente de una de las filiales de la petrolera estatal PDVSA. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha considerado que el excargo del Gobierno de Hugo Chávez deberá responder primero por los delitos por los que está siendo investigado en España.
Estados Unidos reclamaba a Alvarado por un delito de organización criminal y blanqueo de capitales en relación con delitos de corrupción en los negocios. En un auto, recogido por Vozpópuli, los magistrados han desestimado la petición al considerar que los hechos por los que se solicitaba la extradición también están siendo examinados por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
Según consta en la documentación aportada por la Justicia estadounidense, Alvarado -en unión con otros directivos de PDVSA- formó un grupo criminal estable ubicado en Estados Unidos dedicado a obtener sosbornos de proveedores de la petrolera con la finalidad de obtener fraudulentamente grandes sumas de dinero.
El ex alto mando del Gobierno chavista fue detenido el pasado mayo en Madrid por agentes de la Policía Nacional, en virtud de una orden internacional dictada por un juez de Texas que le reclama por delitos de corrupción. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira, en funciones de guardia, ordenó su ingreso en prisión provisional.
Tal y como publicó este diario, Alvarado trabajó durante 40 años en la industria energética y petrolera venezolana. Llegó a la gerencia de Bitúmenes del Orinoco (BITOR) un año después de que Hugo Chávez llegara al Palacio de Miraflores. Encabezó proyectos en el occidente (Zulia) y oriente (Nueva Esparta) del país. Dirigió el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo y estuvo dos años al frente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), antes de hacerse con el cargo de "vice" en el Ministerio de Desarrollo Eléctrico. En 2011, asumió la presidencia de Bariven, una filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Allí, según la acusación formulada por Estados Unidos, aprovechó para cometer unos 19 delitos de blanqueo de capitales.
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