España

España y la UE pasan por el aro para frenar la inmigración ilegal y pagan millones de euros a los países de origen

España abonó 300 millones a Mauritania como parte de una estrategia repetida por varios países europeos: dar fondos a los países de origen para que frenen la salida de pateras

  • Inmigrantes llegados a Canarias -

La Unión Europea ha decidido cambiar su estrategia para frenar la inmigración irregular. El paseo de Ursula von der Leyen por Lampedusa junto a Giorgia Meloni provocó un giro en la presidenta de la Comisión Europea y dio paso a una estrategia que iba más allá de engordar el presupuesto de Frontex, que cada año es mayor. Ahora, la Unión Europea ha decidido imponer una barrera invisible adicional mediante el pago a países de origen o fronterizos con el objetivo de que sean ellos quienes eviten que las pateras y lanchas logren llegar a aguas comunitarias.

Esta estrategia la ha seguido el propio Pedro Sánchez con Mauritania y Marruecos. A los primeros les inyectó, tal y como recogió Vozpópuli, 310 millones de euros con el objetivo de evitar que hiciesen la vista gorda con los cayucos. A reino alauí se le dio algo más suculento: el giro de Sánchez respecto al Sáhara trajo consigo un mayor control de las vallas de Ceuta y Melilla. Con estas dos acciones, el presidente del Gobierno consiguió frenar una crisis migratoria que ha durado casi un año: comenzó a finales de mayo y se ha alargado hasta este mes de marzo.

Los resultados en España son incuestionables: en el primer trimestre de 2024 llegaron a España un total de 14.035 inmigrantes ilegales, multiplicando por más de cuatro las cifras de 2023 (3.094). Desde que Sánchez anunció la inversión en Mauritania, la dinámica ha cambiado de manera radical: en los meses de abril y mayo tan solo llegaron 3.494 personas. De seguir esta dinámica, en el segundo trimestre del año habrían llegado menos de la mitad que en el primero.

Esta partida presupuestaria de Sánchez estuvo apoyada en otros 200 millones de euros que aportó la Unión Europea, una táctica repetida con muchos países del norte de África y Oriente Próximo. LA UE ya ha llegado a acuerdos con la propia Mauritania, con Túnez o con Egipto con el objetivo de que sean los propios países de origen los que eviten la salida de pateras con dirección Europa.

El último en sumarse a la lista de países 'agraciados' por la Unión Europea es Líbano. En una reunión a tres entre Ursula von der Leyen, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides y el primer ministro libanés, Najib Mikati, La presidenta de la Comisión Europea ha ofrecido 1.000 millones de euros y el compromiso de mantener las vías migratorias legales abiertas a cambio de frenar la inmigración ilegal.

Es la respuesta a la llamada de socorro del propio Christodoulides, que ha visto cómo en el primer trimestre del año han llegado a sus costas más de 2.000 inmigrantes irregulares. Una cifra que contrasta, según la prensa local, con las 78 personas que desembarcaron en el país en el primer trimestre del año anterior.

Este acuerdo, al igual que el de Mauritania, responde a una política europea que se inició con la crisis de Lampedusa del pasado verano. En julio, Meloni viajó junto a von der Leyen y Mark Rutte -primer ministro holandés- hasta Túnez para ofrecer 1.000 millones de euros al presidente Kais Saied. Un trato muy criticado desde ONG como Amnistía Internacional, que consideró entonces que "hace cómplice" a la UE en abusos contra personas refugiadas y que denota "un insensible desprecio de las normas básicas de derechos humanos". Por su parte, el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales acusó a Europa de "apoyar acuerdos, programas y proyectos que promuevan sus intereses y prioridades y que impidan cualquier flujo hacia su suelo" y provocar una acumulación de inmigrantes en países fronterizos.

Después, llegaron los acuerdos con Egipto (7.400 millones) para desincentivar la inmigración ilegal o con Turquía, que ya cuenta en sus arcas con 6.000 millones de euros comunitarios. Una estrategia arriesgada no solo a nivel humanitario, dado que los países fronterizos acumulan denuncias de malos tratos a los inmigrantes, sino también en el aspecto económico: cada vez que un Gobierno fronterizo necesite fondos, podrá presionar a Europa con tan solo abrir la mano y permitir la salida masiva de inmigrantes.

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