La espantada a Bélgica de Carles Puigdemont y de siete de sus exconsellers, que han asegurado en rueda de prensa este martes que sólo volverían a España si tuvieran garantías de la imparcialidad de la justicia española, ha hundido anímicamente a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómniun Cultura, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, según han explicado a Vozpópuli fuentes políticas cercanas al despuesto Ejecutivo catalán.
"Si hay garantías inmediatas y trato justo, si se me garantiza un juicio justo con separación de poderes en España, lo que se debe esperar de un país europeo. Si es así, volveremos rápidamente", declaró Puigdemont, que ha sido citado este jueves por la juez Carmen Lamela a declarar en la Audiencia Nacional.
Los cinco magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal deberán decidir este viernes en una vista, a puerta cerrada, en la que los abogados de los dos líderes independentistas expondrán sus recursos contra el ingreso en prisión decretado por la jueza Carmen Lamela el pasado 16 de octubre, y escucharán los argumentos de la Fiscalía, que se opone a dejarlos en libertad por riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.
Sànchez y Cuixart pidieron al tribunal poder estar presentes en la vista del viernes, señalada para las 10.15 horas, pero la Sala se lo ha denegado porque en esas comparecencias nunca se cita a los presos, han informado fuentes de la Audiencia Nacional.
A los dos, según el auto de prisión, la juez les asigna el papel de "promotores y directores" de las concentraciones del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía, ya que ambos se mantuvieron al frente "durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes".
Querella de Maza
La querella interpuesta por el propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, especifica sobre el papel de los ‘Jordis’, que los independentistas optaron por ocupar las calles por la sociedad movilizada a través de las llamadas asociaciones soberanistas, que en definitiva actuaron como "brazo civil" del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern y de los diputados independentistas, que "desobedeciendo" los autos, mediante la presión intimidatoria de la multitud, "impidieron la actuación de las fuerzas del orden público", completa el documento.
Además de los hechos del 20 de septiembre, Lamela destacaba también que el 1 de octubre, desde las mismas cuentas de Whatsapp utilizadas para promover el asedio a la Guardia Civil frente a Economía, "realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales".
En este sentido, la propia Lamela ordenó a la Guardia Civil que bloqueara la página web www.cridademocracia.cat/whatsapp/ mediante la cual los independentistas movilizaron hasta a 40.000 personas contra los registros ordenados el 20 de septiembre por el magistrado de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer en diferentes dependencias de la Generalitat de Cataluña.
Con todo ello, según la juez, los ‘Jordis’ pretendían "impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución".
"Movilización social"
La Fiscalía rechazó la semana pasada los recursos de las defensas de los presidentes de la ANC y de Òmnium en sendos informes en los que se alertaba de que ambos siguen desde prisión "llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña".
"La medida cautelar adoptada se fundamenta en la reiteración delictiva, que se objetiviza, al día de hoy", en que continúan "llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña", sostienen en sendos informes el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que suscribe el de Sánchez, y su compañero Pedro Rubira, que firma el de Cuixart, informa Efe.
En sus recursos, la defensa de Cuixart alegaba que medió para que los manifestantes permitieran salir a la Guardia Civil de la consejería, ante cuya sede se apostaron miles de manifestantes, y que la protesta fue convocada por múltiples entidades, no sólo por la suya.
Por su parte, el líder de ANC expone a la Sala en su recurso sus "constantes esfuerzos" para garantizar que la concentración ante el Departamento de Economía fuera pacífica, aunque admite que solo podía controlar a los manifestantes que la entidad había convocado.
Ambos niegan además que exista riesgo de fuga porque tienen arraigo en Cataluña, donde vive su familia y cuentan con un empleo, circunstancias que a su juicio Lamela sí tuvo en consideración para dejar en libertad provisional al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
