La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela podría ordenar este jueves la detención de Carles Puigdemont si el expresident catalán decide eludir a la justicia española tras ser citado a declarar como imputado por los delitos de rebelión, sedición y malversación.
Lamela ha admitido la querella de la Fiscalía por los delitos de rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y otros 13 exmiembros del Govern y les cita para para declarar como imputados este jueves y viernes para declaración, y para después llevar a cabo una 'vistilla', en la que se decidirá sobre su ingreso en prisión.
La juez ha acumulado esta nueva querella al procedimiento que ya instruye sobre el delito de sedición por el que están presos los expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Óminum Cultural, Jordi Cuixart, e imputado el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero.
Puigdemont, que se aloja en un hotel de tres estrellas en Bruselas, rechazó este martes que tuviera intención de pedir asilo en Bélgica, aunque por el contrario aseguró que sólo volverá a España "si hay garantías inmediatas y trato justo, si se me garantiza un juicio justo con separación de poderes en España, lo que se debe esperar de un país europeo. Si es así, volveremos rápidamente", especificó en rueda de prensa.
De no comparecer, la juez deberá valorar las circunstancias y podría realizar una segunda citación o apercibimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), aunque también puede eludir esta segunda oportunidad y ordenar directamente su busca y captura.
Lamela tendría que preguntar mediante una providencia a la Fiscalía y, en su caso, a la acusación particular, para que en un plazo máximo de dos días redactaran en un informe su opinión sobre la orden, salvo que razones de urgencia exijan hacerlo en un plazo más breve.
A petición del fiscal
La jueza sólo podrá reclamar la detención de Puigdemont previa petición del fiscal. En este sentido, en la querella de este lunes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ya reclamó a la instructora, antes de conocerse la espantada de los integrantes del Govern a Bélgica, que en el caso de no presentarse los querellados, que se ordenara su detención.
Las autoridades belgas tendrían que detener a los seis ex altos cargos catalanes, que serían puestos a disposición de un juez belga, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden, informa Efe.
En cualquier caso, si Puigdemont y sus consellers aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo máximo de sesenta días a partir de la detención.
En el auto emitido este martes por Lamela, la instructora recuerda que la Fiscalía considera que los querellados urdieron "una estrategia" que estaba "perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlament el pasado día 27 de octubre".
Los querellados "se valieron de la población en incesantes actos de insurrección pública, desobedeciendo o resistiendo colectivamente" al Estado
El auto de la juez relata que el fiscal especifica que los querellados "se valieron de la población en incesantes actos de insurrección pública, desobedeciendo o resistiendo colectivamente" al Estado. Para ello ocuparon carreteras, calles o edificios públicos, y "sometieron" a los agentes de la autoridad a un incesante acoso en actos que alcanzaron dimensión suficiente para calificarlo un delito de rebelión, que implica en su grado máximo una pena de 30 años de cárcel.
No obstante, la juez deja abierta la posibilidad de que los hechos no sean calificados como un delito de rebelión, sino como sedición y malversación, ya que los querellados han dispuesto de "ingentes caudales públicos" para llevar a término el referéndum ilegal.
La magistrada también ha acordado fijarles una fianza de 6.207.450 euros que deberán depositar de forma solidaria en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan el dinero.
