Un día de margen. Ese es tiempo que ha dado la jueza de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid a todas las partes involucradas en el juicio sobre estafa a 38 jugadores de fútbol y baloncesto. Un retraso en la presentación de la petición de las pruebas policiales y la no localización de cuatro jugadores han sido los problemas que se ha encontrado este martes la magistrada.
La primera sesión de este caso mediático, los detenidos presuntamente habrían estafado a futbolistas de primer nivel, ha transcurrido entre las peticiones de suspensión por parte de las acusaciones y el beneplácito de las defensas.
Debido a la complejidad del proceso, la Abogacía del Estado y la Fiscalía Provincial requirieron el testimonio de una parte de los estafados. En total de 17 deportistas de primer nivel pero no han podido localizar a cuatro de ellos. Tras la sesión de este martes la juez ha pedido la colaboración de Europol para dar con su domicilio y citarles de forma audiovisual.
Estos deportistas son: Jorge Miguel Oliveira Ribeiro, Marius Stankevicius, Antonio Eduardo Salvio y Vinicius Vasconcelos Araujo.
También se han producido problemas a la hora de enviar documentos entre las partes y las letradas de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía recibieron tarde la petición de las pruebas periciales, documentales y testificales de las defensas. "El único perjudicado aquí es la Agencias Tributaria", ha defendido la abogada del Estado.
Aunque consideran que los delitos están prescritos, hay dos acusaciones particulares: las de los futbolistas Pierre Webo y Javier Hernán Malagueño. El camerunés solicitó la devolución de 84.472,56 euros mientras que el jugador español reclamó primero 441.395,60 euros y posteriormente 41.283,80 euros.
Más días de juicio
Con todos estos contratiempos la juez ha decidido suspender la sesión hasta el día 24 cuando declararán los damnificados y algunos de los acusados. La magistrada también ha decidido habilitar más días para ampliar el periodo del juicio.
La Físcalía pide para los cuatro acusados nueve años de prisión. Una de ellas era la Jefa de Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios de la Agencia Tributaria. Se le acusa de la obtención de un beneficio patrimonial “indebido” mediante transferencias a sus cuentas particulares de 6.281.079 euros.
Todo ello fruto de devoluciones no solicitadas en su mayoría por futbolistas, que eran quienes legítimamente podrían haberlas reclamado. El representante del Ministerio Público les imputa cuatros delitos continuados: de estafa, de falsedad en documento público oficial y mercantil, de aprovechamiento de información privilegiada obtenida por funcionario público y de utilización por funcionario, por razón de su cargo, de información privilegiada.
Jugadores de fútbol y baloncesto
Las estafas presuntamente ocurrieron entre los meses de febrero de 2015 y noviembre de 2016 cuando los acusados utilizaron dos sociedades (Asesores Deportivos Lapver SL y Star Athletes Society SL) para solicitar a la Agencia Tributaria devoluciones de diversas cantidades económicas. Sus representantes eran jugadores de fútbol y baloncesto que habían militado en equipos españoles en años anteriores sin que los deportistas tuvieran conocimiento de dichas reclamaciones.
Según el escrito de la Fiscalía, todos estos documentos fueron elaborados por las cuatro personas que se sentarán en el banquillo y emitidos por personas no autorizadas. Por ejemplo, el 28 de noviembre de 2016 presentaron dos declaraciones del IRNR de dos jugadores de baloncesto del Fútbol Club Barcelona, Edison Charles y Frenton Miekeal, que ascendía en el primer caso a 235.059,20 euros y en el segundo 229.983,02 euros.
El caso fue investigado gracias a la alerta de la Agencia Tributaria, quien procedió a comprobar las solicitudes de los deportistas profesionales que habían reclamado este tipo de devoluciones. En total hallaron 102 casos, de los que 38 fueron presentados "con su aparente firma manuscrita" durante los meses en que los acusados fueron investigados.
Daba información a su exmarido
En esos 38 casos los acusados obtuvieron gracias cantidades abonadas en concepto de devoluciones un total de 6.138.798 euros que fueron ingresados en varias cuentas corrientes. Los acusados aprovecharon que los deportistas habían abandonado la disciplina de los equipos españoles donde habían militado para trasladarse a distintos países, "circunstancia que les facilitó lograr sus propósitos al resultar muy difícil la localización del jugador".
A raíz de estos hechos, la Dirección General de la AEAT ordenó el 10 de abril de 2017 a su Servicio de Auditoría Interna (SAI) que llevase a cabo una información reservada para determinar si en estos procedimientos se habían producido accesos indebidos a la información contenida en las base de datos de la AEAT.
De esta investigación se pudo confirmar que L. S. P. , Jefa de Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios de la AEAT y exmujer del también acusado I. T. S. "se apropió, utilizó y traslado al resto de acusados información confidencial sustraída de la base de datos de la Agencia Tributaria".
